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El Gobierno nacional presentó ante el Consejo de Mayo un borrador de la nueva Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. El proyecto, que abarca la educación inicial, primaria y secundaria, mantiene vigente la Ley de Educación Superior, pero propone una reconfiguración profunda del sistema educativo, con eje en la “libertad educativa” y la centralidad de la familia.
La propuesta reconoce a la familia como “agente natural y primario de la educación de los hijos”, mientras que asigna al Estado un rol “subsidiario” en la garantía del derecho a la educación. En este marco, se habilita formalmente la educación en el hogar o “home schooling”, junto con modalidades híbridas y a distancia. Para quienes estudien desde sus casas, los aprendizajes se acreditarán mediante exámenes periódicos.
El borrador también abre la puerta a que las provincias puedan ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar. Además, permite que cada institución diseñe planes de estudio propios, en el marco de una mayor autonomía pedagógica e institucional. Las escuelas podrán definir su propio calendario, régimen interno, políticas de admisión y administración de recursos.
Con respecto a la estructura de contenidos, se mantienen los “contenidos mínimos comunes” —actuales NAP—, que no podrán ocupar más del 75% de la carga horaria. El resto estará destinado a un espacio curricular autónomo definido por cada comunidad educativa.
En materia de carga horaria, el proyecto establece 540 horas anuales para el nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, umbrales inferiores a los acordados en el Consejo Federal de Educación en 2024. La educación básica se declara, además, servicio esencial, obligando a garantizar la continuidad mínima frente a eventuales medidas de fuerza.
Otro punto central es la creación de un esquema de evaluación anual y censal para el último año de primaria y secundaria, incluyendo desempeño docente y directivo. La información podrá publicarse por escuela, aunque sin identificar estudiantes ni profesores.
En cuanto al financiamiento, el proyecto elimina el objetivo legal del 6% del PBI destinado a educación. Plantea un sistema mixto que incluye recursos para escuelas —estatales y privadas en igualdad de condiciones— y asignaciones directas para familias, como vales educativos o becas. Se prevé también un sistema federal de monitoreo del gasto.
En relación a los docentes, se mantiene una formación inicial de cuatro años y se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. La estabilidad laboral queda sujeta a evaluaciones periódicas, desempeño satisfactorio y formación continua.
El borrador, elaborado entre la Secretaría de Educación y el Ministerio de Desregulación, retoma e incluso amplía lineamientos de la primera versión de la Ley Bases, incorporando elementos orientados a un cambio estructural del sistema educativo argentino. Aunque desde el Gobierno aclaran que se trata de un documento preliminar, su contenido ya empieza a generar debate entre especialistas, sindicatos y actores del sistema educativo.
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