La Justicia federal avanzó con una decisión de alto impacto institucional en Chaco al dictar prisión preventiva por 100 días contra siete integrantes de la Policía provincial, acusados de haber intentado apropiarse de cocaína durante un procedimiento oficial de destrucción de estupefacientes.
La medida fue dispuesta por la jueza federal Zunilda Niremperger, en el marco de una investigación que conduce el fiscal Patricio Sabadini. El caso involucra a efectivos de la Dirección de Consumos Problemáticos, señalados por una presunta maniobra para sustraer cerca de nueve kilos de cocaína durante una quema realizada en el polígono policial de Colonia Benítez.
Los imputados son los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Andrés Quizama; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; el comisario Rubén Héctor César Alegre; y el subcomisario Andrés Franco Ramírez. La acusación incluye los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada —por tratarse de funcionarios públicos y por la participación de más de tres personas— y peculado.
Según consta en la causa, el hecho salió a la luz durante un acto formal de incineración de más de 80 kilos de cocaína y tres toneladas de marihuana, del que participaron autoridades judiciales y políticas, entre ellas el juez federal Ricardo Mianovich, el ministro de Seguridad provincial Hugo Matkovich y el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero.
En ese contexto, un funcionario judicial advirtió movimientos irregulares por parte de los efectivos ahora imputados, que intentaban trasladar una caja desde el área de quema hacia un patrullero. La posterior inspección permitió detectar pequeñas cantidades de cocaína y, de manera determinante, un ladrillo de yeso, lo que reforzó la hipótesis de un reemplazo deliberado de la droga destinada a ser destruida.
A partir de ese hallazgo, la fiscalía investiga si se trató de una maniobra planificada y si existieron antecedentes de hechos similares en otros procedimientos de incineración. La sospecha central apunta a que los acusados habrían intentado sustraer “panes” de cocaína, sustituyéndolos por material sin valor.
Los siete policías permanecen detenidos en dependencias de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras y en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Gendarmería Nacional, en la provincia de Formosa. Durante la audiencia imputativa, sólo cinco de los acusados prestaron declaración.
La jueza autorizó además el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados y el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los imputados, en una causa que expone fallas graves en los mecanismos de control interno y vuelve a poner bajo la lupa el manejo estatal de la droga incautada, un punto sensible en cualquier política de seguridad y lucha contra el narcotráfico