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El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar a Karina Milei

Hablan de una “maniobra golpista” y un juez prohibió difundir los audios filtrados

01/09/2025 20:32 — Nacional
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El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una presunta operación de inteligencia ilegal tras la difusión de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La presentación judicial, impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, describe la maniobra como un intento de “desestabilización política y electoral” a partir del espionaje clandestino a la hermana del Presidente.

El vocero Manuel Adorni confirmó este lunes la denuncia y calificó los hechos como un ataque planificado:

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y de otros funcionarios, manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, cuidadosamente dirigido”, escribió en redes sociales.

En paralelo, el juez federal en lo Civil y Comercial N°5, Alejandro Maraniello, otorgó una medida cautelar a favor de Karina Milei que prohíbe la difusión de los audios. La resolución, provisoria y excepcional, busca frenar la reproducción del material en medios de comunicación y plataformas digitales, aunque ya abrió un debate jurídico y político sobre los límites a la libertad de prensa y la figura del llamado “bozal legal”.


El contenido de los audios y la reacción oficial

Los registros difundidos el viernes pasado en el canal de streaming Carnaval muestran a Karina Milei hablando en un tono coloquial, sin referencias al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ni a presuntos casos de corrupción.

Sin embargo, los productores advirtieron que se trata apenas de “la puntita” de un paquete más grande de grabaciones, que incluiría a ministros y funcionarios de primera línea. Según fuentes de la Casa Rosada, habría un audio particularmente sensible que podría salir en los próximos días, lo que alimenta la preocupación interna.

“Fue un mensaje mafioso. Estamos seguros de que Karina no dijo nada incriminador. Lo grave es que alguien haya grabado conversaciones dentro de la Casa Rosada”, aseguró a Infobae una fuente oficial con acceso directo al Presidente.


La denuncia judicial: “Una operación no institucional”

La presentación del Ministerio de Seguridad, firmada por el director de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, Fernando Soto, califica el episodio como una “operación de inteligencia no institucional” prohibida por la Ley 25.520.

El escrito señala que los audios forman parte de una secuencia cuidadosamente planificada con fines políticos y comunicacionales:

“Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida de libertad de prensa”, advierte el texto, que pide como medida cautelar la prohibición de reproducir o circular el material grabado.


Preocupación y paranoia en la Casa Rosada

La denuncia llega en un momento de alta tensión para el Gobierno. La difusión de los audios de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en la ANDIS ya había encendido las alarmas. Ahora, el hecho de que la víctima sea Karina Milei, considerada la figura más influyente en el esquema presidencial, elevó el nivel de alerta.

“El mensaje es claro: si pudieron grabar a Karina, pudieron grabarnos a todos”, deslizó un funcionario. La posibilidad de que existan registros de ministros o asesores clave generó una reunión de urgencia en la Casa Rosada, encabezada por Adorni, Santiago Caputo, Sebastián Amerio (viceministro de Justicia) y Santiago Viola (apoderado de LLA).


Contexto: espionaje y política en Argentina

El caso revive fantasmas históricos en la política argentina. No es la primera vez que un gobierno denuncia operaciones de inteligencia clandestina:

En este marco, la denuncia de la Casa Rosada intenta instalar la idea de que la maniobra no es un hecho aislado, sino parte de una trama mayor para condicionar el rumbo político y económico del país.


El trasfondo electoral

El episodio ocurre en la recta final hacia las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre. Desde el Gobierno interpretan que la difusión de los audios busca erosionar la imagen presidencial en un momento en que La Libertad Avanza necesita mostrar fortaleza política tras el revés en Corrientes.

“Se eligieron figuras simbólicas para generar impacto político y social. El momento elegido no es casual”, asegura la denuncia oficial.


Lo que viene

Mientras tanto, el juez Maraniello deberá resolver si la cautelar se mantiene o si el material puede ser difundido con amparo en la libertad de expresión. En paralelo, la Justicia Federal iniciará una investigación para determinar el origen de las grabaciones, quiénes participaron de la operación y si hubo participación de agentes estatales o privados.

En la Casa Rosada la orden es cerrar filas. “La gravedad no es lo que dicen los audios, sino que cualquier funcionario pudo haber sido grabado. Eso es lo intolerable”, concluyó una fuente cercana al Presidente.

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