Reforma laboral: el Gobierno busca modernizar el empleo y promover inversiones

Tras el respaldo obtenido en las urnas, el Gobierno nacional volvió a poner en agenda la reforma laboral, una de las piezas centrales del plan económico oficial. La iniciativa, presentada en el Congreso por la diputada Romina Diez, lleva por nombre Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y apunta a modernizar el régimen laboral argentino, ofreciendo mayor flexibilidad, incentivos fiscales y estímulos a la formalización del trabajo.

El texto —que retoma los lineamientos de la Ley Bases— busca “actualizar y mejorar las condiciones que regulan la relación entre empleadores y trabajadores”, y será debatido en las próximas semanas en comisión.

Cambios centrales

Entre los puntos más relevantes, la propuesta incluye modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, otorgando mayor margen al empleador para reorganizar tareas y modalidades de trabajo, siempre que los cambios no resulten irrazonables ni alteren derechos esenciales. El trabajador podrá considerarse despedido si se vulneran esos límites.

También se redefine el concepto de beneficios sociales no remunerativos, que abarcarán desde la provisión de almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de internet y telefonía móvil para los empleados y sus familias.

Vacaciones, licencias e indemnizaciones

El proyecto introduce mayor flexibilidad en las vacaciones, permitiendo fraccionarlas en períodos de al menos una semana y garantizando que los trabajadores puedan acceder al descanso en temporada estival al menos una vez cada dos años.

En cuanto a licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de tres o seis meses según la antigüedad, y se amplía a seis o doce meses para quienes tengan familiares a cargo. Además, se establece un procedimiento de verificación médica a cargo de la Secretaría de Trabajo, que podrá convocar peritos y aplicar sanciones en caso de irregularidades.

Respecto de las indemnizaciones, el proyecto habilita a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a abonarlas en hasta doce cuotas mensuales, buscando aliviar su carga financiera. También limita los honorarios en juicios laborales al 20% del monto total y fija un nuevo esquema de intereses basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una tasa adicional del 3% anual.

Incentivos al empleo y beneficios fiscales

Uno de los capítulos más destacados es el de promoción del empleo formal. Se propone crear un sistema de bonos de crédito fiscal para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los beneficios variarán según el tamaño de la empresa:

• 100% de crédito fiscal para microempresas,

• 75% para pequeñas,

• 50% para medianas,

• 25% para grandes compañías.

El beneficio se aplicará durante doce meses y sólo regirá si la contratación implica un aumento real en la plantilla laboral y el trabajador no estuvo registrado en los tres meses previos.

Apoyo legislativo

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios legisladores oficialistas y aliados, entre ellos Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano, entre otros.

Desde el oficialismo destacan que esta reforma es clave para estimular la inversión privada, reducir la litigiosidad laboral y promover el empleo formal, en el marco de un proceso de “modernización integral del trabajo argentino”.