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El Gobierno nacional anunció una actualización de los aranceles que regulan las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El incremento, que oscilará entre el 29,7% y el 35,4%, se aplicará en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, y busca asegurar la continuidad de los servicios y mejorar las condiciones de los prestadores.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, luego de una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, de la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. El aumento fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que habilitó una partida presupuestaria adicional para el último trimestre del año.
Desde ANDIS destacaron que la actualización “busca acompañar a los prestadores y garantizar la calidad y continuidad de la atención”. El ajuste impactará sobre el nomenclador nacional, la referencia oficial que determina los honorarios de instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad, incluyendo transporte, internación, apoyo educativo, rehabilitación y atención médica.
El anuncio se produce tras varios meses de reclamos por parte de organizaciones del sector. El último aumento, del 0,5% en diciembre de 2024, había dejado los valores muy por debajo de la inflación, provocando la interrupción de servicios, el cierre de centros y demoras en los pagos.
En ese contexto, entidades como el Foro Permanente de Discapacidad realizaron movilizaciones frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un incremento mayor y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé una suba del 70%.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que la medida “busca ordenar el sistema” y remarcaron que durante la gestión anterior los aumentos no alcanzaron a compensar la inflación. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo interventor es Alejandro Vilches, afirmaron que el nuevo esquema “restablece criterios de equidad y transparencia en la asignación de fondos, garantizando que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan”.
El incremento coincide con la decisión judicial que obligó al Gobierno a restablecer más de 119 mil pensiones no contributivas por discapacidad laboral, suspendidas meses atrás. La resolución fue dictada por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, y publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de octubre.
Con esta actualización, el Ejecutivo busca llevar alivio a miles de profesionales, instituciones y familias que dependen del sistema de prestaciones. “Es una medida que aporta previsibilidad y reconoce el esfuerzo de quienes sostienen la atención diaria de las personas con discapacidad”, subrayaron desde el Ministerio de Salud.
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