El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista vinculado a “Chiqui” Tapia

El Gobierno denunció al financista Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. Vallejo es propietario de Sur Finanzas, una empresa proveedora de servicios de pago (PSP) cuya operatoria comenzó a ser monitoreada por la Agencia Federal de Recursos de la Administración (ARCA) ante movimientos considerados irregulares.

Según la denuncia presentada por el Ejecutivo, las maniobras delictivas detectadas ascenderían a $3.327.267.047, cifra que el fisco reclama por evasión impositiva debido a que Sur Finanzas no habría detraído los impuestos correspondientes sobre las transferencias realizadas por sus clientes.

Operaciones por $818.000 millones y usuarios sin capacidad económica

La investigación reveló que la empresa recibió fondos por $818.000 millones en transferencias efectuadas a través de su billetera virtual. La DGI confirmó que entre los usuarios que movieron estas cifras se encontraban personas no categorizadas, apócrifas e incluso monotributistas de muy baja capacidad económica, incompatibles con los montos transferidos.

ARCA destacó en la presentación que las billeteras virtuales de Sur Finanzas funcionan “de manera similar a una cuenta corriente”, permitiendo enviar o recibir dinero desde cuentas propias o de terceros, actuando así como un intermediario financiero.

Empresas vinculadas a facturación apócrifa

La denuncia también señala que 26 empresas que operaron a través de Sur Finanzas figuran dentro de la base de emisores de facturas apócrifas. Este punto implica una violación directa de la normativa del Banco Central, que impide a las PSP brindar servicios a personas o compañías incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables.

“El Gobierno entiende que Sur Finanzas podría estar actuando en connivencia con un tercero escondido tras un entramado de sujetos apócrifos y usuarios sin capacidad económica, para mover de manera virtual montos millonarios de origen presuntamente ilícito”, sostiene la denuncia.

Pedidos de allanamientos, embargos y actuación de la UIF

La DGI solicitó medidas de prueba de carácter urgente, entre ellas:

• Allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas a los investigados

• Embargos preventivos

• Inhibición general de bienes

• Intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Con estas acciones, el Ejecutivo busca avanzar en la investigación para determinar el origen de los fondos y la responsabilidad penal de los involucrados.