Litio en Fiambalá: cuestionan la cadena de responsabilidades políticas por obras incumplidas y falta de controles
El debate por la explotación del litio en Fiambalá volvió a poner en foco la responsabilidad de quienes administran la cosa pública, a partir de una serie de decisiones políticas, contratos firmados y compromisos asumidos que, según se denuncia, no fueron cumplidos ni debidamente controlados.
El planteo parte de una comparación directa con el sector privado: mientras cualquier ciudadano que accede a un crédito debe cumplir estrictamente con lo pactado bajo riesgo de ejecución de garantías, en el ámbito estatal no parecen existir consecuencias claras ante incumplimientos contractuales o decisiones que generan perjuicios económicos y ambientales.
En ese marco, se recordó que el 7 de enero de 2022 el Estado catamarqueño firmó un acta compromiso con la empresa vinculada al proyecto Zijín, acuerdo rubricado por el gobernador Raúl Jalil y su gabinete, y luego ratificado por ambas cámaras legislativas mediante la Ley N° 5742. El artículo tercero de esa norma delegó en el Poder Ejecutivo las facultades necesarias para instrumentar el fideicomiso asociado al emprendimiento.
Posteriormente, el contrato de entrega de Litufia en Valencia fue suscripto por el propio gobernador junto al entonces presidente del organismo provincial correspondiente, con aval legislativo. A nivel local, el municipio y el Concejo Deliberante de Fiambalá acompañaron sin objeciones las decisiones provinciales, lo que extiende la responsabilidad política a la gestión municipal de ese momento, encabezada por la entonces intendenta Roxana Paulón.
Según lo establecido en el acta compromiso, los únicos compromisos formales asumidos por la empresa fueron la construcción de una bodega en Medanito y un frigorífico multiespecie en Palo Blanco. Sin embargo, ninguna de las dos obras está finalizada ni en funcionamiento.
La situación se complejiza aún más a partir de una nota presentada el 2 de marzo de 2025 por la empresa LieX Zijín al actual intendente de Fiambalá, Raúl Úzqueda, en la que se detallan fondos, presupuestos y recursos transferidos al municipio para la ejecución de esas obras, en un claro intento de deslindar responsabilidades.
De acuerdo con las críticas, esa presentación no derivó en ninguna acción concreta por parte del municipio: no hubo denuncias ante el Tribunal de Cuentas, ni presentaciones judiciales en Tinogasta, ni explicaciones públicas sobre el destino de los fondos. Esa inacción alimenta sospechas de complicidad política y administrativa.
Las objeciones también alcanzan al funcionamiento del fideicomiso minero, cuya administración —según se denuncia— beneficia mayoritariamente a empresas vinculadas al poder provincial. Las decisiones sobre qué obras se ejecutan en Fiambalá quedarían concentradas en el gobernador, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Economía y el consejo de administración del proyecto Tres Quebradas, sin participación real de la comunidad local.
Desde esta mirada crítica, Fiambalá aparece relegada al rol de mero territorio de extracción: se explota un recurso estratégico, se deterioran caminos, se generan pasivos ambientales y se registran incidentes con potencial contaminante, incluso en zonas cercanas a cauces de agua que abastecen áreas productivas.
El planteo concluye con una pregunta que atraviesa todo el debate: quiénes son responsables políticos, administrativos y legales de lo firmado, lo incumplido y lo que no se controla. Mientras no haya respuestas institucionales ni rendición de cuentas, advierten, la cadena de responsabilidades seguirá diluyéndose en un silencio que perjudica a la comunidad local.
