Nicaragua endurece el control interno tras la captura de Maduro y el sandinismo entra en estado de alerta
El régimen sandinista de Nicaragua activó un esquema de máxima alerta política y de seguridad luego del ataque estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, un aliado estratégico de Managua. La reacción incluyó un refuerzo del control interno, mayor vigilancia sobre la población y un seguimiento intensivo de las redes sociales.
El gobierno bicéfalo que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo dispuso endurecer el cerco sobre sectores considerados opositores y sobre empleados públicos, en un contexto de creciente fragilidad regional para los regímenes alineados con el chavismo. Según advirtió Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), con sede en Costa Rica, lo ocurrido en Venezuela generó “temor” en la cúpula sandinista, que respondió con un incremento de la vigilancia generalizada.
De acuerdo con denuncias de la oposición y de organismos de derechos humanos, Nicaragua atraviesa desde hace más de un año un proceso de purga interna dentro del propio sandinismo. Tras la reforma constitucional de 2024 que formalizó la figura de la copresidencia, Ortega y Murillo avanzaron en la consolidación de un esquema de sucesión dinástica, desplazando a históricos dirigentes y oficiales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y profundizando la persecución contra opositores, muchos de los cuales fueron despojados de su nacionalidad y forzados al exilio.
La captura de Maduro operó como un factor de alarma adicional. Según reveló el medio opositor El Confidencial, que transmite desde el exilio, Murillo encabezó una reunión con altos funcionarios, secretarios políticos del FSLN y representantes de las fuerzas de seguridad, en la que ordenó mantener un “estado de alerta permanente” en todas las estructuras territoriales del partido.
Entre las directivas impartidas, se incluyó la exigencia de que empleados estatales expresen públicamente su respaldo a Maduro en redes sociales, así como el monitoreo activo de comentarios críticos que puedan surgir al calor de la crisis venezolana. También se instruyó a intensificar la vigilancia barrial y a controlar posibles expresiones públicas —carteles, afiches o pintadas— que puedan interpretarse como señales de protesta.
El plan de contingencia contempla además la creación de “puestos de mando de vigilancia revolucionarios” en barrios y comunidades, con la misión de reportar cualquier manifestación considerada contraria al gobierno o comentarios sobre la situación en Venezuela. Según las órdenes transmitidas, las personas que “amenacen la paz” deben ser detenidas de inmediato.
En paralelo, el sandinismo puso especial atención sobre ciudadanos recientemente deportados desde Estados Unidos, a quienes identifica como potenciales focos de reorganización opositora. La vigilancia también se extendió a actividades comunitarias tradicionales de enero, bajo el argumento de prevenir alteraciones del orden público.
Pese al endurecimiento interno, el discurso oficial hacia el exterior fue más medido. Ortega y Murillo condenaron la captura de Maduro y reclamaron su liberación, pero evitaron confrontar de manera directa con Estados Unidos o con el presidente Donald Trump. Según analistas, esa cautela refleja un enfoque pragmático de la relación con Washington, con el objetivo de evitar presiones o acciones que puedan poner en riesgo la continuidad del régimen nicaragüense.
En ese contexto, la crisis venezolana no solo reconfigura el mapa político regional, sino que también acelera dinámicas autoritarias en países aliados, donde el temor a un efecto contagio se traduce en más control, menos libertades y un cierre aún mayor del espacio político interno.
