El conflicto entre el Gobierno nacional y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entra en una fase decisiva. En menos de dos semanas vence el plazo para que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia entregue balances contables y financieros pendientes desde 2017, una deuda administrativa que expone al corazón económico del fútbol argentino y abre la puerta a una ofensiva política y judicial de alto voltaje.
Para Javier Milei, Tapia representa un símbolo del poder corporativo que busca confrontar. Para Axel Kicillof, en cambio, es un aliado funcional dentro de una estructura territorial y sindical que todavía conserva peso propio. Ambos miran hacia 2027 y el Mundial aparece como una variable impredecible: el futuro del titular de la AFA podría incidir, directa o indirectamente, en el clima político que rodee a la Selección y a sus principales figuras.
El próximo 20 de enero vence el plazo para que la AFA y la Liga Profesional presenten ante la Inspección General de Justicia —dependiente del Ministerio de Justicia— la documentación contable que adeudan desde hace siete años. Según los requerimientos oficiales, la AFA deberá justificar movimientos por unos 111 millones de dólares, mientras que la Superliga deberá explicar operaciones por otros 340 millones.
En paralelo, la Justicia avanza sobre un entramado financiero que rodea a la conducción del fútbol. El 19 de enero deberán presentarse ante el juez federal Luis Armella, en Lomas de Zamora, el productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, imputados en una causa por presunto lavado de dinero. Faroni es titular de una firma radicada en Estados Unidos que percibe comisiones por los contratos internacionales de la AFA, y los investigadores analizan el posible desvío de al menos 42 millones de dólares hacia sociedades sin actividad real.
Lejos de replegarse, Tapia decidió jugar en el terreno político. Convocó para el 7 de febrero al “Tercer Encuentro de Dirigentes 2026” en el predio de Ezeiza, con la intención de exhibir músculo territorial y respaldo dirigencial. En la organización participa activamente Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, señalado como una de las figuras más comprometidas en las causas judiciales en curso.
La Cámara en lo Penal Económico rechazó recientemente los intentos de frenar la investigación durante la feria judicial y ratificó la continuidad del expediente que lleva el juez Marcelo Aguinsky. Entre las medidas adoptadas, el magistrado ordenó dar de baja una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por un presunto testaferro, con gastos mensuales millonarios, y solicitó a la empresa emisora la suspensión total de los débitos.
Mientras tanto, Tapia intensificó su agenda política. Se mostró en Mar del Plata y luego en el conurbano bonaerense junto a intendentes de peso, en una secuencia de fotos cuidadosamente difundidas. El objetivo: exhibir respaldo político en contraste con otras imágenes que circularon en paralelo, como la del exfutbolista Sebastián Verón —crítico de la conducción actual— junto a jefes comunales alineados con el oficialismo bonaerense.
La trama que rodea a la AFA combina fútbol, política local y tribunales federales. Pilar emerge como un punto clave: allí se ubican propiedades bajo investigación, el nuevo domicilio institucional de la AFA y un entramado de vínculos municipales que, según fuentes judiciales, podría influir en la competencia de las causas.
En ese tablero, Axel Kicillof mantiene un respaldo silencioso. Tapia preside desde 2025 la CEAMSE, la empresa estatal que gestiona los residuos del Área Metropolitana, un cargo estratégico que le otorga poder político y financiero. Desde el entorno del gobernador aseguran que no está prevista ninguna modificación en esa estructura, aunque reconocen que el escenario es dinámico y sujeto a cambios.
Con la lupa judicial sobre las cuentas, plazos administrativos a punto de vencer y una creciente tensión con la Casa Rosada, la conducción de la AFA enfrenta su momento más delicado en años. La batalla no se libra solo en los tribunales o en los despachos oficiales: también se juega en la calle, en los municipios y en la antesala de un Mundial que, una vez más, cruza fútbol y poder en la Argentina.