Ortega libera presos en medio del endurecimiento de Washington
El gobierno de Daniel Ortega dispuso la liberación de un grupo indeterminado de personas detenidas en el sistema penitenciario de Nicaragua, en una decisión que se produce bajo una creciente presión internacional y en un momento de fuerte endurecimiento del discurso de Estados Unidos hacia los regímenes autoritarios de la región.
El anuncio fue realizado el sábado por el Ministerio del Interior, que informó escuetamente que “decenas de personas” regresaron a sus hogares tras haber estado privadas de la libertad. Sin embargo, el comunicado oficial evitó precisar identidades, causas judiciales, condiciones de liberación o eventuales restricciones posteriores, una práctica habitual del régimen sandinista cuando adopta medidas de este tipo.
La excarcelación se da en un contexto regional sensible, marcado por una ofensiva diplomática y política de Washington contra gobiernos alineados en el eje autoritario latinoamericano. En ese marco, Nicaragua vuelve a quedar bajo observación por su historial de persecución política, encarcelamientos sin debido proceso y expulsiones forzadas de opositores.
Desde la embajada de Estados Unidos en Managua valoraron avances puntuales en otros países de la región, pero advirtieron que en Nicaragua persisten graves violaciones a los derechos humanos. Según datos difundidos por Washington, al menos 60 personas continúan detenidas o desaparecidas de manera arbitraria, entre ellas líderes religiosos, adultos mayores y personas con problemas de salud.
Represión estructural y control político
Desde las protestas masivas de 2018, reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad, el régimen de Ortega consolidó un esquema de control basado en la criminalización de la disidencia. Organismos internacionales documentaron detenciones sin garantías judiciales, procesos penales sin transparencia y condenas utilizadas como herramienta de disciplinamiento político.
La persecución no se limitó al encarcelamiento. En los últimos años, el gobierno avanzó con la confiscación de bienes, el cierre de más de 5.000 organizaciones civiles —muchas de ellas religiosas— y la expulsión de cientos de ciudadanos, a quienes además se les retiró la nacionalidad, dejándolos en condición de apátridas.
En ese sentido, la liberación de presos no representa un cambio de rumbo estructural, sino una maniobra táctica para aliviar la presión externa. En ocasiones anteriores, Managua excarceló a opositores para luego forzarlos al exilio, una práctica denunciada por organismos de derechos humanos como una forma encubierta de destierro político.
Presión internacional y temor al aislamiento
El Departamento de Estado estadounidense volvió a cuestionar con dureza al régimen sandinista. A través de un mensaje oficial, recordó que Ortega fue electo presidente y no ungido como jefe de una “dinastía vitalicia”, y sostuvo que la represión institucionalizada no podrá borrar las aspiraciones democráticas de la sociedad nicaragüense.
Desde el ámbito local, referentes de derechos humanos interpretan la medida como una señal de debilidad más que de apertura. Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CADILH), advirtió que los liberados continuarán bajo vigilancia estatal, junto a sus familias, y que el hostigamiento policial suele persistir incluso después de la excarcelación.
Según Ramírez Ayérdiz, el régimen enfrenta un creciente temor al aislamiento internacional y a eventuales sanciones más severas. “La presión de Estados Unidos es determinante. Hay miedo a que el andamiaje del poder termine colapsando”, afirmó.
En ese escenario, las liberaciones aparecen menos como un gesto humanitario y más como una concesión calculada, orientada a ganar tiempo y reducir costos diplomáticos, sin alterar el núcleo autoritario del sistema político nicaragüense.
