Irán reprime protestas masivas: denuncian miles de muertos y detenidos tras dos semanas de manifestaciones
La ola de protestas que sacude a Irán desde fines de diciembre derivó en una de las represiones más graves de los últimos años. De acuerdo con estimaciones de fuentes hospitalarias de Teherán y reportes de organizaciones de derechos humanos, al menos 2.000 personas habrían muerto y más de 2.300 fueron detenidas en el marco de operativos desplegados por las fuerzas de seguridad del régimen.
Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en la capital iraní, cuando comerciantes y sectores urbanos salieron a la calle para reclamar por la inflación, el deterioro del poder adquisitivo y la fuerte devaluación del rial. En pocos días, el malestar social se expandió a 25 de las 31 provincias del país, configurando la protesta más extendida desde 2022, tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la policía moral.
Según reportes recopilados por medios opositores y activistas, la respuesta estatal incluyó el uso de fuerzas militares, vehículos blindados y munición real. Organizaciones como la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos confirmaron miles de arrestos, mientras que ONG internacionales alertaron sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Algunas cifras oficiales minimizan los hechos, pero fuentes independientes advierten que los números reales podrían ser aún mayores.
La Guardia Revolucionaria, uno de los pilares del poder del régimen islámico, amenazó públicamente con intensificar la represión si continúan las protestas. En un comunicado, sostuvo que las manifestaciones constituyen un acto de “terrorismo interno” y justificó la violencia estatal como una “respuesta legítima” frente a lo que definió como un intento de desestabilización.
Desde el gobierno iraní se responsabilizó por las protestas a Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán y exiliado en Estados Unidos, así como a Washington. Durante las marchas, numerosos manifestantes corearon consignas contra el líder supremo Alí Khamenei y a favor del regreso de la monarquía, un dato que refleja el profundo quiebre entre amplios sectores sociales y el sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.
Como parte de la estrategia de control, las autoridades ordenaron el corte total del servicio de internet en gran parte del país, una medida recurrente del régimen para aislar a la población, dificultar la organización de las protestas y limitar la difusión de imágenes de la represión.
En un mensaje público, el presidente Masud Pezeshkian pidió “moderación” y llamó al diálogo, aunque sin anunciar cambios concretos en la política económica ni en el esquema represivo. En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a atribuir la crisis interna a las sanciones internacionales, a las que calificó como una “guerra económica” impulsada por Estados Unidos.
El propio Khamenei ratificó la línea dura y advirtió que Irán no cederá ante lo que denominó “saboteadores internos y externos”. Desde el exilio, la abogada y Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi alertó que el apagón de comunicaciones podría facilitar una represión aún más sangrienta y advirtió sobre el riesgo de una masacre encubierta.
La escalada represiva vuelve a exponer el deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán y el creciente aislamiento del régimen, en un contexto de crisis económica profunda y pérdida de legitimidad interna.
