El presidente atribuye el hito a su plan de seguridad y al régimen de excepción, mientras persisten cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.
30/08/2025 17:53 — NacionalEl Salvador alcanzó los 1.000 días sin homicidios desde la llegada al poder de Nayib Bukele en 2019, según informó el propio mandatario este sábado a través de la red social X.
“1.000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro gobierno. Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico. Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es reflexionar sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí”, escribió Bukele.
El gobierno salvadoreño atribuye esta reducción en la violencia al Plan Control Territorial, basado en el despliegue de policías y militares, y al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que permite detenciones masivas de presuntos pandilleros y suspende garantías constitucionales.
Desde la implementación de esta medida, se han detenido cerca de 90.000 personas acusadas de integrar pandillas. El régimen, que cumplió tres años el pasado 27 de marzo, ha sido renovado de manera consecutiva y genera críticas de organismos internacionales y ONG que denuncian violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y falta de debido proceso.
Durante la administración Bukele se registraron oficialmente 5.688 homicidios y 2.548 desapariciones, de acuerdo con datos oficiales divulgados por el propio presidente. Sin embargo, las estadísticas gubernamentales excluyen muertes de pandilleros en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, hallazgos de osamentas y homicidios cometidos por civiles contra supuestos delincuentes, situaciones que sí eran contabilizadas por gobiernos anteriores.
El anuncio de Bukele marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad más polémica de América Latina: celebrada por una parte de la población que percibe mayor tranquilidad en las calles, pero cuestionada por organismos internacionales que advierten sobre el costo en libertades y derechos fundamentales.