Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, son las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas este miércoles en una casa de Florencio Varela.

Las chicas fueron vistas por última vez en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, en Monseñor Bufano y Avenida Crovara, donde las recogió una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Durante cinco días se desplegó un gran operativo de búsqueda, mientras familiares y allegados realizaban marchas y cortes de calles para pedir por su aparición. El miércoles llegó la confirmación más temida: las tres habían sido asesinadas.

Quiénes eran las víctimas

Morena Verdi tenía 20 años, había nacido el 19 de enero de 2005 y vivía en Ciudad Evita junto a su madre Sabrina y sus dos hermanos. Era beneficiaria de la obra social del Personal de la Sanidad Argentina.

Su prima Brenda Del Castillo, también de 20 años, nació el 26 de noviembre de 2004. Tenía un hijo de un año recién cumplido y, según testimonios familiares, trabajaba en la venta de ropa a través de redes sociales y en un kiosco 24 horas de su barrio. “Brenda era una persona que hacía todo por su hijo. El nene todavía la espera”, dijo su padre a los medios.

La más joven era Lara Gutiérrez, de 15 años, oriunda de José C. Paz. Vivía con su abuela en los monoblocks “4 y 5” y asistía semanalmente a un templo evangélico, acompañada por su familia.

El horror de las autopsias

Los primeros informes revelaron que las chicas murieron entre las 3 y las 5 de la mañana del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas subiendo a la camioneta blanca.

Lara sufrió amputaciones en los dedos de la mano izquierda, quemaduras compatibles con cigarrillos, cortes en la oreja y el cuello, además de golpes múltiples. Brenda presentaba una fractura de cráneo fatal, heridas punzocortantes en el cuello y un corte abdominal realizado post mortem. Morena murió por una luxación cervical, además de golpes en el rostro.

Estos detalles refuerzan la hipótesis sostenida por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien habló de “una venganza narco” con sello mafioso.

La investigación judicial

La causa está en manos del fiscal de La Matanza Gastón Dupláa. Los cuatro detenidos fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad).

Más allá del crimen: un espejo de la vulnerabilidad social

El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara trasciende la brutalidad policial de un expediente judicial. Es un espejo incómodo de una realidad que se repite en los márgenes urbanos: la fragilidad de las vidas jóvenes en contextos donde el narco avanza, el Estado se repliega y los derechos parecen depender de la suerte.

Las tres chicas no sólo fueron víctimas de una red mafiosa que eligió torturarlas y asesinarlas para enviar un mensaje de poder. También eran víctimas de un entramado previo: la precariedad laboral, la falta de protección institucional y el vacío de oportunidades que las empujó a moverse en espacios de altísimo riesgo.

El sello mafioso de los crímenes es, al mismo tiempo, un mensaje hacia adentro de las organizaciones narco y hacia afuera, a la sociedad: el territorio está marcado, y quien lo desafíe paga con su vida. Pero el mensaje más fuerte, en realidad, es hacia el Estado: la impunidad con la que se puede secuestrar, asesinar y descuartizar a tres chicas sin que las alertas previas funcionen.

La tragedia interpela también al sistema político. Mientras las fuerzas de seguridad se cruzan acusaciones y los gobiernos nacional y bonaerense discuten competencias, en los barrios vulnerables se impone la ley paralela de la violencia narco. Allí, la ausencia de políticas integrales —desde contención social hasta programas de protección efectivos— deja a muchas jóvenes a merced de redes delictivas que las ven como mercancía.

El caso no debería ser reducido a un expediente criminal. Es una tragedia que desnuda un fracaso colectivo: de la Justicia, de la política, de la sociedad. El desafío ahora es que los nombres de Brenda, Morena y Lara no se conviertan en cifras ni en un título pasajero, sino en recordatorio de lo que ocurre cuando el Estado y la comunidad no llegan a tiempo.