Uruguay hace historia y se convierte en el primer país de Sudamérica en legalizar la eutanasia

Tras una extensa sesión de más de diez horas, el Senado uruguayo aprobó este miércoles la Ley de Muerte Digna, convirtiendo al país en el primero de Sudamérica en legalizar la eutanasia.
El proyecto, que ya había recibido media sanción en la Cámara de Representantes, fue aprobado con el apoyo del Frente Amplio y de legisladores de los partidos Colorado y Nacional, marcando un hito en materia de derechos y bioética en la región.

La nueva norma despenaliza la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o que les generen sufrimientos físicos o psíquicos insoportables.
El texto establece que podrán acceder a este derecho ciudadanos uruguayos o extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos médicos y administrativos dispuestos.

“Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida no es un delito; por lo tanto, no se debe penalizar a nadie”, expresó el senador Daniel Borbonet del Frente Amplio durante su intervención.

El legislador destacó que la ley “no impone conductas” y que se trata de una opción voluntaria para quienes deseen acogerse al procedimiento. En la misma línea, el senador colorado Ope Pasquet calificó la iniciativa como “necesaria, liberal y humanitaria”, al señalar que “hay personas que sufren de manera insoportable y desean poner fin a ese sufrimiento”.

La normativa establece un plazo de 180 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Posteriormente, se conformará una Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública, que deberá evaluar y supervisar los procedimientos realizados bajo esta ley.
El organismo estará integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Con esta decisión, Uruguay se suma a la lista de naciones que reconocen el derecho a una muerte digna, junto a países como España, Países Bajos, Bélgica, Canadá y Nueva Zelanda, abriendo un nuevo capítulo en la historia de los derechos civiles en América Latina.