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El Gobierno promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, replica lo ocurrido el mes pasado con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La Ley N° 27.795, de Financiamiento Universitario, establece un nuevo régimen de actualización automática del presupuesto de las universidades públicas, la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la actualización de becas estudiantiles. Según el decreto, su implementación implicaría un costo total estimado de más de un billón de pesos en 2025, por lo que el Ejecutivo resolvió suspenderla hasta contar con respaldo presupuestario.
El texto dispone que los gastos de funcionamiento de las universidades se actualicen bimestralmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que los sueldos docentes y no docentes no queden por debajo de la inflación. Además, ordena incorporar las sumas no remunerativas a los básicos y ajustar automáticamente las becas Progresar y Manuel Belgrano, lo que también demandaría una fuerte erogación fiscal.
Por su parte, la Ley N° 27.796, de Emergencia Sanitaria Pediátrica, busca garantizar el acceso a servicios de salud infantil de calidad, reforzar hospitales pediátricos —con el Garrahan como referencia nacional— y fortalecer los sistemas de residencias médicas. Incluye la recomposición salarial de profesionales, la exención del impuesto a las ganancias para actividades críticas y la priorización de recursos para insumos, medicamentos y vacunas. Su costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, cifra que el Ministerio de Salud no podría absorber en la actualidad.
En los considerandos de ambos decretos, el Gobierno argumenta que el Congreso “no especificó de manera fehaciente las fuentes de financiamiento”, lo que infringe lo dispuesto por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. Por ese motivo, las leyes quedan promulgadas pero sin efecto hasta que se contemplen partidas específicas en el próximo Presupuesto Nacional.
Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que, si bien se comparte el espíritu de ambas normas, su aplicación inmediata “pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran esfuerzo por la sociedad”, advirtiendo que podría generar “desequilibrios inflacionarios y deterioro en el sistema que se busca proteger”.
Pese a ello, legisladores opositores celebraron que la promulgación representa “una victoria institucional”, ya que el Gobierno reconoció la validez de ambas leyes luego de los vetos presidenciales. Sin embargo, la incertidumbre sobre su ejecución efectiva mantiene abiertos los reclamos del sector educativo y sanitario.
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