GOLPE JUDICIAL PARA LA EX PRESIDENTA

La Cámara Federal de Casación Penal asestó un nuevo golpe judicial a Cristina Fernández de Kirchner al confirmar el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad. El tribunal rechazó el último intento de la defensa de la ex mandataria para frenar la medida y avaló que el Tribunal Oral Federal N° 2, que la condenó por administración fraudulenta, continúe a cargo de la ejecución.

El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, reafirma que el decomiso “es una consecuencia penal de la condena y no una acción civil”, y que su objetivo es “privar a los responsables de los efectos económicos del delito y recuperar para la comunidad los activos obtenidos ilícitamente”. La resolución ratifica que Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez deberán afrontar de manera solidaria el pago de $684.990 millones, monto actualizado del perjuicio ocasionado al Estado.

El fiscal Mario Villar había advertido que los condenados —entre ellos también José López y Nelson Periotti— no depositaron ningún monto en la cuenta judicial abierta para cumplir con la sentencia. Los peritos de la Corte Suprema estimaron el daño económico inicial en $85.000 millones, cifra que actualizada asciende a casi $685.000 millones.

En su resolución, la Sala IV subrayó que el decomiso “se ha transformado en un instrumento indispensable para erradicar las estructuras saqueadoras enquistadas en el Estado” y destacó su valor ejemplificador: “El derecho penal debe recuperar los bienes del erario público indebidamente apropiados para restaurar el equilibrio social vulnerado”.

De esta manera, la Casación consolidó el carácter penal del proceso y cerró la posibilidad de trasladar el trámite al fuero civil, como pretendía el kirchnerismo. La decisión no solo implica un avance judicial concreto, sino también un fuerte mensaje político: los delitos de corrupción tendrán consecuencias patrimoniales efectivas.