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Javier Milei atraviesa el momento político más sólido desde su llegada al poder. Tras el contundente triunfo electoral de octubre, el Presidente se puso al frente de la conducción política del Gobierno y comenzó a construir un nuevo oficialismo que trascienda las sesiones extraordinarias y le permita sostener las reformas laboral, tributaria y penal que marcarán el rumbo de su gestión.
En la Casa Rosada se vive un clima de euforia y reorganización. Gobernadores de todo el país —muchos de ellos derrotados y urgidos por la situación económica— desfilan por Balcarce 50 en busca de acuerdos. Milei, fortalecido, ofrece un intercambio pragmático: apoyo político a cambio de asistencia financiera y obras. “Ahora nos amamos”, confesó una fuente del Ejecutivo, en alusión al nuevo tono del diálogo entre Nación y provincias.
Con Karina Milei consolidada como figura central, Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y Diego Santilli en Interior, el Gobierno inició una etapa más ordenada y ejecutiva. A ellos se suman Pablo Quirno en Cancillería y las inminentes designaciones de Alejandra Monteoliva y Luciana Carrasco en Seguridad y Defensa, respectivamente.
El esquema se completa con Martín Menem ratificado en Diputados, Nadia Márquez en la presidencia provisional del Senado y Patricia Bullrich como referente en la Cámara Alta. En ese marco, Milei planea encarar un verano de alta intensidad política, con dos tandas de sesiones extraordinarias —en diciembre y febrero— para aprobar el Presupuesto 2026, modernizar la legislación laboral, avanzar con la reforma impositiva y endurecer el Código Penal.
Los primeros contactos con los gobernadores dejaron en claro la dinámica de la nueva etapa. El chubutense Ignacio Torres pidió por el fin de las retenciones y obras de infraestructura, mientras que el catamarqueño Raúl Jalil solicitó apoyo para los sectores textiles, proyectos mineros y el acueducto con Santiago del Estero. Milei, a través de Adorni y Santilli, promete acuerdos firmes: “Tienen el poder y la billetera. Veremos cómo los usan”, admitió un mandatario provincial.
En paralelo, el Gobierno apunta a debilitar la estructura sindical del peronismo mediante la reforma laboral. Inspirado en el modelo que desfinanció a los movimientos piqueteros, el oficialismo busca reducir los “aportes solidarios” obligatorios y desarticular los convenios colectivos que considera obsoletos. La CGT, recientemente reconfigurada en un triunvirato más dialoguista, intenta resistir sin romper los puentes con el Ejecutivo.
Mientras tanto, el Partido Justicialista atraviesa su mayor fractura en décadas. Con Cristina Fernández de Kirchner detenida, inhabilitada de por vida y afrontando un segundo juicio por corrupción, el peronismo se encuentra sin liderazgo claro. Solo La Cámpora mantiene la consigna “Cristina es inocente”, mientras los gobernadores y exfuncionarios se refugian en sus territorios y multiplican los reproches por la derrota.
“Si seguimos así, vamos a terminar peleando el cuarto lugar con Myriam Bregman”, ironizó Juan Cabandié, reflejando el desconcierto general. Entre la nostalgia del 2015 y la crudeza del presente, el PJ enfrenta una crisis existencial, mientras Milei avanza decidido en la construcción de un nuevo mapa de poder que redefine la política argentina.
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