El Gobierno nacional busca desactivar tensiones financieras y transmitir previsibilidad a los mercados frente a los vencimientos de deuda externa previstos para enero, por un monto superior a los US$4.000 millones. En la Casa Rosada aseguran que el esquema de pago “está resuelto” y que no será necesario recurrir a las reservas netas del Banco Central, aunque evitan detallar públicamente los mecanismos concretos que se utilizarán.
Los compromisos corresponden a capital e intereses de los bonos soberanos reestructurados en 2020, en particular los Globales y Bonares con vencimiento en 2029 y 2030 (AL29, AL30, GD29 y GD30). Del total a pagar el 9 de enero, unos US$2.700 millones corresponden a amortización de capital y cerca de US$1.600 millones a intereses.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Tesoro buscará cumplir con estos pagos sin emitir nueva deuda en los mercados internacionales. En el entorno presidencial sostienen que la alternativa más probable es avanzar en un acuerdo de tipo repo con bancos internacionales para cubrir eventuales faltantes de liquidez, una opción que permitiría evitar un impacto directo sobre las reservas.
En ese marco, el Tesoro ya obtuvo US$1.000 millones a través de la colocación del Bonar 2029 y sumó recursos adicionales mediante compras de divisas en el mercado oficial, lo que dejó depósitos cercanos a los US$2.000 millones. A eso se agregaría el ingreso estimado en unos US$700 millones por la privatización de las represas del Comahue. Como último recurso, en el oficialismo no descartan recurrir al swap de monedas con Estados Unidos, por un total de US$20.000 millones, aunque aclaran que no es la opción prioritaria.
Más allá del corto plazo, el Ejecutivo considera clave lograr la sanción del Presupuesto 2026 antes de enfrentar los vencimientos de enero. El proyecto incluye la autorización para emitir deuda bajo jurisdicción extranjera por hasta US$36.520 millones, una herramienta que el Gobierno afirma no tener previsto utilizar de inmediato, pero que interpreta como una señal política y financiera necesaria para reducir el riesgo país y mejorar el acceso al crédito.
El mensaje de calma también forma parte del diálogo que el equipo económico mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Desde el Gobierno remarcan que las decisiones están coordinadas con el organismo y que se apunta a renegociar la meta de acumulación de reservas. Por ahora, no hay confirmación de una próxima misión técnica del FMI en el país. “La meta de reservas estaba asociada a los vencimientos, y esos pagos ya están cubiertos”, sostienen en Nación.
En paralelo, el Banco Central proyecta para 2026 compras de reservas por unos US$10.000 millones, bajo un escenario base de remonetización que prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno. Esa proyección fue incluida en el reciente anuncio de ajustes en el esquema de bandas cambiarias.
Desde una mirada liberal, el Gobierno insiste en que su prioridad es preservar la estabilidad macro y evitar un rebrote inflacionario tras el dato del 2,5% de noviembre. En Balcarce 50 descartan una ampliación adicional del régimen cambiario en el corto plazo y rechazan una devaluación. “Con un Banco Central sin dólares, no hay margen para aventuras”, admiten en el oficialismo, mientras apuestan a que la combinación de disciplina fiscal, financiamiento privado y señales políticas alcance para sostener la confianza del mercado.