Los bancos le reclaman al BCRA definiciones clave antes de aceptar los “dólares del colchón”

La sanción de la Ley de Inocencia Fiscal abrió una nueva fricción entre el Gobierno y el sistema financiero. Las cuatro asociaciones bancarias que agrupan a bancos públicos, privados nacionales, extranjeros y especializados solicitaron formalmente al Banco Central mayores precisiones antes de comenzar a recibir los denominados “dólares del colchón”, uno de los ejes de la estrategia oficial para monetizar ahorros no declarados.

A través de una nota enviada al BCRA, las entidades pidieron la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que incluya al Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de unificar criterios y despejar ambigüedades en la aplicación de la norma. El planteo apunta a evitar interpretaciones dispares que expongan a los bancos a sanciones por incumplir la legislación vigente contra el lavado de dinero.

Según advierten, la ley introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario —en especial sobre evasión simple y agravada— que impactan directamente en los sistemas de control y cumplimiento del sector financiero. Sin embargo, remarcan que el texto aprobado se concentra en aliviar o eliminar responsabilidades penales de los contribuyentes, sin modificar explícitamente las obligaciones que siguen recayendo sobre las entidades bancarias.

“La ley reduce riesgos penales para el contribuyente, pero no aclara cómo convivirá eso con nuestras obligaciones antilavado”, sintetizó una fuente del sector. En otras palabras, los bancos sostienen que el incentivo fiscal no vino acompañado de un marco regulatorio integral que los proteja frente a eventuales sanciones administrativas o penales.

El pedido fue respaldado por ABA, ADEBA, ABAPPRA y ABE, lo que implica un consenso inusual en todo el sistema financiero. La única excepción fue el Banco Nación, que quedó al margen del reclamo y decidió avanzar en línea con la postura del Poder Ejecutivo. La entidad estatal anunció que ya está recibiendo consultas y que se encuentra operativamente preparada para captar esos fondos, apoyándose en una interpretación estricta de la nueva ley.

Esa diferencia de criterio dejó expuesta una tensión de fondo: mientras el Gobierno busca rapidez y señales políticas de confianza, los bancos privados reclaman seguridad jurídica y reglas claras. Para las asociaciones, sin una reglamentación precisa del BCRA y de la UIF, avanzar podría implicar violar normas que siguen plenamente vigentes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con dureza a las advertencias del sector. Desde sus redes sociales cuestionó a las entidades que exigen requisitos adicionales y sugirió directamente acudir al Banco Nación, donde —afirmó— bastará con acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias para depositar los dólares y disponer de ellos de inmediato.

La réplica no tardó en llegar desde el sistema financiero: “Los bancos cumplen normas, no tuits”, resumió un ejecutivo del sector privado, remarcando que hasta ahora no hubo cambios formales en la regulación del BCRA ni de la UIF.

Detrás del cruce discursivo subyace un problema estructural: la Ley de Inocencia Fiscal no es un blanqueo tradicional, pero tampoco despeja del todo el riesgo regulatorio para quienes deben recibir y canalizar esos fondos. Mientras el Banco Nación acelera su implementación, los bancos privados optan por la cautela y exigen que el marco normativo acompañe el discurso político.

El resultado es una señal ambigua para el mercado: un Gobierno decidido a empujar la iniciativa y un sistema financiero que, lejos de resistirse por razones ideológicas, reclama algo básico para cualquier esquema liberal de largo plazo: reglas claras, previsibles y homogéneas.