Aprueban subas salariales para altos cargos del Ejecutivo, pero Milei y Villarruel quedan excluidos
El Gobierno nacional oficializó un esquema de actualización salarial para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, luego de mantener congeladas esas remuneraciones desde diciembre de 2023. La medida fue formalizada mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y excluye expresamente al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La norma habilita la recomposición de los salarios de ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente, tomando como referencia el porcentaje acumulado de los aumentos acordados en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025. No obstante, el decreto no precisa el impacto porcentual concreto de la suba.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en dos argumentos centrales: el prolongado congelamiento salarial aplicado a los cargos políticos y la situación fiscal alcanzada por la gestión libertaria. En los considerandos, el Gobierno destacó la acumulación de 22 meses de superávit fiscal y sostuvo que ese resultado permitió estabilizar el escenario de emergencia económica y financiera heredado.
Al mismo tiempo, el decreto introduce una cláusula de ajuste automático que limita el alcance del beneficio. Si el Ministerio de Economía informara la existencia de un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de los altos funcionarios quedarán nuevamente congelados, sin necesidad de un acto administrativo adicional. La suspensión regirá hasta que se restablezca el superávit, incluso si los incrementos ya hubieran sido aprobados.
En paralelo, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a avanzar en un nuevo esquema de empleo público para el Sector Público Nacional, con énfasis en criterios de mérito, evaluación de desempeño, movilidad por competencias y remuneraciones vinculadas a responsabilidades. El Gobierno plantea así una reorganización más amplia del sistema, alineada con su discurso de profesionalización y eficiencia del Estado.
El decreto aclara que la recomposición no tendrá efectos retroactivos y reitera que el Presidente y la Vicepresidenta quedan excluidos del beneficio, en línea con la decisión política de mantener congeladas sus remuneraciones. Además, invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar esquemas similares de contención salarial en contextos de déficit.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca equilibrar dos mensajes: por un lado, mostrar coherencia fiscal y control del gasto político; por otro, atender el reclamo interno por la pérdida de poder adquisitivo de los cuadros jerárquicos del Estado, en un contexto donde la continuidad de perfiles técnicos también compite con los salarios del sector privado.
