El Gobierno avanza por DNU en una reforma profunda del sistema de inteligencia y refuerza el poder de la SIDE
El Gobierno nacional decidió reformar el sistema de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la ley vigente y amplía de manera significativa las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasará a concentrar la conducción y coordinación de todo el aparato de inteligencia argentino.
El DNU, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y su gabinete, introduce cambios estructurales en la organización, redefine competencias y habilita nuevas funciones operativas, con impacto directo en la relación entre el Estado nacional, las provincias —incluida Catamarca— y los organismos de seguridad y defensa.
Entre los ejes centrales, el decreto establece que la actividad de inteligencia tiene carácter reservado y encubierto por su “sensibilidad estratégica”, una definición que no estaba explicitada en la normativa anterior. El texto sostiene que esta condición busca reducir riesgos estratégicos, aunque amplía el margen de discrecionalidad en el accionar del sistema.
Más poder operativo y un rol centralizado
La SIDE se consolida como autoridad rectora del Sistema de Inteligencia Nacional, con capacidad para planificar, conducir y articular la obtención y análisis de información estratégica. El decreto le otorga facultades para requerir datos a cualquier organismo del sector público, coordinar acciones con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y vincularse con agencias extranjeras.
Uno de los puntos más sensibles es la habilitación para que personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia o ante requerimiento judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Si bien la medida se encuadra formalmente en auxilio judicial, introduce un cambio relevante en el alcance operativo de los servicios de inteligencia.
Reorganización interna y nuevas agencias
El DNU redefine la estructura del sistema: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia; la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia; y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia. El objetivo declarado es ordenar funciones, evitar superposiciones y mejorar el flujo de información.
En paralelo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que concentrará la política de protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y sistemas informáticos estratégicos del Estado. Para su puesta en marcha se transferirán recursos y personal de áreas existentes.
Comunidades de información y vínculo federal
El decreto formaliza dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por organismos de inteligencia y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, que agrupa a ministerios y entes con capacidad de generar información relevante, como Migraciones, Aduanas y organismos técnicos.
La SIDE será la encargada de fijar los criterios de organización y los mecanismos de provisión de información, reforzando un esquema centralizado que, según el Gobierno, apunta a mejorar la eficiencia del Estado, aunque reduce la autonomía operativa de los distintos actores.
Un cambio estructural con interrogantes abiertos
Desde una perspectiva liberal, la reforma se inscribe en la lógica de un Estado más concentrado en funciones consideradas estratégicas —seguridad, inteligencia y control— mientras avanza en la desregulación de otras áreas. Sin embargo, la ampliación de facultades, el carácter reservado de la actividad y el uso del DNU como herramienta vuelven a poner en discusión los límites institucionales, los mecanismos de control parlamentario y la protección de las libertades individuales.
El Gobierno sostiene que la medida moderniza un sistema fragmentado y obsoleto. Sus críticos advierten que la centralización y la ampliación de atribuciones exigen controles más estrictos para evitar abusos. El debate, lejos de cerrarse con la publicación del decreto, recién comienza.
