El Gobierno nacional se prepara para iniciar en enero el proceso de privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A., una de las principales operadoras ferroviarias del país. La iniciativa forma parte de un rediseño más amplio de la política ferroviaria impulsada por la administración de Javier Milei, que apunta a reducir la participación estatal directa, atraer capital privado y aumentar el volumen de carga transportada por tren.
Según el esquema aprobado por el Decreto 67/2025, la privatización será total y se llevará adelante mediante un modelo de desintegración vertical con open access (acceso abierto), que permitirá que distintos operadores utilicen la infraestructura ferroviaria a cambio del pago de un canon. El proceso abarcará no solo al Belgrano, sino también a las líneas San Martín y Urquiza, mientras que Ferrosur Roca quedaría para una etapa posterior.
El diseño oficial prevé que las vías y los inmuebles ferroviarios sean concesionados a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública, al igual que los talleres. En cambio, el material rodante —locomotoras y vagones— será vendido mediante remates públicos. Los fondos obtenidos por esas subastas, según el Gobierno, se destinarán a una inversión puntual para renovar tramos de vías considerados estratégicos por su nivel de demanda.
Desde el Ejecutivo aclaran que esa inversión no se orientará a reactivar los casi 18.000 kilómetros de vías actualmente inactivas, sino a mejorar sectores con volumen potencial de carga. Entre las prioridades figuran el ramal San Martín, con la renovación de unos 300 kilómetros de vías, y el Belgrano, además de la finalización de la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe, una obra considerada clave para evitar cuellos de botella logísticos.
La apuesta oficial es clara: incrementar el uso del ferrocarril en el transporte de cargas, que hoy ronda el 5%, y llevarlo a niveles cercanos al 20% en los próximos años. En el Gobierno estiman que, si se concreta el plan, el volumen transportado podría duplicarse hacia fines de 2027. El diagnóstico que sostienen es que existen inversiones privadas en puertos y destinos finales que superan ampliamente la capacidad actual del sistema ferroviario.
El proyecto ya despertó interés en grandes jugadores del sector. Un consorcio encabezado por Aceitera General Deheza, junto a firmas como ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, figura entre los potenciales interesados. También se mencionan al Grupo México Transportes, que evalúa inversiones millonarias, además de compañías chilenas, españolas y mineras internacionales.
No obstante, el plan no está exento de interrogantes. El propio diagnóstico oficial reconoce debilidades estructurales distintas según la línea: en el San Martín, falta capacidad e inversión; en el Belgrano, el problema pasa por el material rodante y la infraestructura incompleta; y en el Urquiza, por una demanda insatisfecha que requeriría una planificación más profunda, especialmente en conexiones internacionales.
El esquema de acceso abierto, defendido por el Gobierno como una herramienta para fomentar competencia y eficiencia, también genera debates sobre la capacidad de regulación del Estado y el riesgo de concentrar la operación en grandes actores con poder de mercado. A ello se suma la situación de otras concesiones privadas, donde el Ejecutivo reconoce resultados dispares y anticipa futuras licitaciones, en especial por el interés estratégico que despiertan corredores vinculados a Vaca Muerta.
En síntesis, la privatización del Belgrano Cargas aparece como una pieza central del programa de reformas del Gobierno en materia de infraestructura y logística. El desafío será comprobar si el retiro del Estado como operador directo, combinado con incentivos de mercado y reglas claras, logra efectivamente mejorar la competitividad del sistema ferroviario sin reproducir viejos problemas de desinversión y dependencia de intereses concentrados.