Maduro podría afrontar una condena a muerte en EE.UU. si es hallado culpable por narcotráfico
El ex presidente venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para notificarse formalmente de los cargos por narcotráfico que pesan en su contra, en una causa que, según la legislación estadounidense, podría derivar en una condena a pena de muerte en caso de ser declarado culpable.
Maduro, de 63 años, fue trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo un fuerte operativo de seguridad, que incluyó el uso de helicópteros y vehículos blindados. Permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, tras haber sido capturado el sábado durante una operación militar estadounidense en Caracas.
De acuerdo con la normativa federal citada por medios estadounidenses, los acusados que violen la Ley de Sustancias Controladas como parte de una “empresa criminal continua” pueden ser elegibles para la pena capital. Si bien la pena de muerte en el ámbito federal suele aplicarse en casos de homicidio, traición o espionaje, la ley también contempla delitos de narcotráfico, aunque este tipo de sentencias son poco frecuentes.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó públicamente que Maduro y Flores enfrentarán el proceso judicial en tribunales estadounidenses, sin precisar cuál será el pedido de pena que impulsará el Departamento de Justicia en caso de condena.
La situación fue comparada con la captura del ex dictador panameño Manuel Noriega en 1989, tras una intervención militar ordenada por el entonces presidente George H. W. Bush. En aquel antecedente, Noriega fue juzgado y condenado a prisión, sin que se solicitara la pena capital.
Maduro ya había sido imputado en 2020 en una causa por narcotráfico, pero este año un gran jurado federal amplió la acusación e incorporó nuevos cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a la posesión de armas de guerra. En el mismo expediente figuran también su hijo, Nicolás Maduro Guerra; el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello; y un narcotraficante prófugo.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de fuerte tensión política y militar. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Washington mantiene el control de la situación en Venezuela y reconoció contactos con las nuevas autoridades del país, encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien manifestó su disposición a entablar una agenda de cooperación con Estados Unidos.
En paralelo, el operativo militar que derivó en la detención de Maduro generó condenas internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de emergencia a pedido de Venezuela, mientras China, Rusia e Irán cuestionaron la acción estadounidense. Algunos aliados de Washington, incluida la Unión Europea, expresaron preocupación por el impacto regional del conflicto.
Mientras tanto, en Venezuela continúan las repercusiones internas del operativo, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente el número total de víctimas civiles y militares, en un escenario marcado por la incertidumbre política y diplomática.
