El régimen iraní acelera juicios exprés contra manifestantes y enfrenta denuncias por ejecuciones inminentes

El régimen de Irán profundiza su respuesta represiva frente a la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre, con un aceleramiento de los procesos judiciales contra manifestantes y denuncias por ejecuciones inminentes. El jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, aseguró que los detenidos tendrán juicios “rápidos”, en un contexto marcado por acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos.

El anuncio fue difundido por la televisión estatal iraní y coincidió con la creciente alarma internacional por el caso de Erfan Soltani, un joven manifestante condenado a muerte bajo el cargo de “moharebeh” (“guerra contra Dios”), una figura penal ampliamente cuestionada por su uso político contra opositores.

Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei sostuvo que el Poder Judicial debe actuar con celeridad frente a los detenidos, justificando la dureza de las sentencias. “Debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, afirmó, en declaraciones que reforzaron las sospechas de procesos sin garantías judiciales ni debido proceso.

Represión, cifras opacas y control informativo

Las cifras de víctimas reflejan la falta de transparencia del régimen. Organizaciones independientes de derechos humanos difieren ampliamente de los datos oficiales. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, verificó 2.571 muertes, incluyendo manifestantes, menores de edad y civiles. Por su parte, Iran Human Rights (IHR), con base en Noruega, reportó al menos 734 fallecidos, aunque advirtió que el número real podría ascender a varios miles.

Por primera vez, un funcionario iraní reconoció públicamente una cifra cercana a los 2.000 muertos, aunque el gobierno insiste en atribuir gran parte de las víctimas a supuestos “actos terroristas” respaldados desde el exterior, una narrativa recurrente para justificar la represión.

A la violencia estatal se suma el apagón digital impuesto desde el 8 de enero. Según Netblocks, Irán acumuló más de 132 horas consecutivas sin acceso a internet, una estrategia que dificulta la verificación independiente de los hechos y limita la difusión de información desde el interior del país.

Pena de muerte y advertencias internacionales

El uso de la pena capital se ha convertido en el eje de la respuesta del régimen. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la primera ejecución estaba programada para este miércoles 14 de enero, y mencionó expresamente el caso de Soltani. Amnistía Internacional exigió la suspensión inmediata de todas las ejecuciones, calificándolas como castigos arbitrarios y políticamente motivados.

Desde Washington, el presidente Donald Trump endureció el tono y advirtió que Estados Unidos “actuará de manera muy firme” si Teherán avanza con las ejecuciones. El mandatario afirmó que mantiene “todas las opciones abiertas”, incluidas medidas de fuerza, y anunció el cese de contactos con funcionarios iraníes junto con sanciones económicas adicionales. “Una muerte ya es demasiado”, remarcó.

En Europa, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, calificó la situación como “la represión más violenta de la historia contemporánea de Irán” y exigió su fin inmediato, según declaraciones citadas por Reuters.

Un régimen bajo presión histórica

Las protestas, que comenzaron por el deterioro económico y el aumento del costo de vida, evolucionaron rápidamente hacia un desafío directo al poder político y religioso encabezado por el líder supremo Ali Khamenei. Se trata de la mayor ola de desobediencia civil desde la Revolución Islámica de 1979.

Mientras el régimen acelera juicios, endurece sentencias y restringe libertades básicas, la presión internacional crece. Sin embargo, en el terreno interno, la combinación de represión, censura y pena de muerte revela un sistema que apuesta al miedo como herramienta de control frente a una sociedad cada vez más dispuesta a desafiarlo.