Un policía acusado de asalto armado, se negó a declarar.

La detención e imputación del subcomisario Simón Ibáñez por un asalto a mano armada en el norte de la ciudad volvió a sacudir la confianza pública en las fuerzas de seguridad. No se trata de un delito más: el acusado es un funcionario policial, es decir, alguien que debía proteger a la ciudadanía y no formar parte del delito.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, Ibáñez fue indagado por el delito de “robo calificado por el uso de armas, agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad”. La imputación no deja margen para interpretaciones: la Justicia considera que hay elementos serios que lo vinculan al asalto a un local de Rapipago, donde el autor amenazó con un arma de fuego y se llevó dinero en efectivo.

La víctima lo reconoció en una rueda de personas. Hubo secuestros de interés para la causa. La investigación se apoyó en actuaciones policiales, denuncia directa y pruebas incorporadas en las últimas horas. Con ese cuadro, el fiscal decidió su detención.

Hasta aquí, el proceso avanza. Pero la pregunta que flota en el aire es más profunda:
 ¿Cómo es posible que un subcomisario termine acusado de un robo armado?
 ¿Qué falló antes para que alguien con placa y arma esté del lado del delito?