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Inundaciones en Buenos Aires: casi 6 millones de hectáreas bajo el agua y riesgo de pérdidas por USD 2.000 millones

Carbap advierte por el impacto productivo y reclama obras urgentes mientras la crisis hídrica golpea al corazón agrícola del país.

18/11/2025 08:43 — Nacional
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La provincia de Buenos Aires enfrenta una de las inundaciones más graves en años: casi 6 millones de hectáreas se encuentran comprometidas en la cuenca del río Salado, según estimaciones de Carbap. De ese total, 3,8 millones de hectáreas productivas están afectadas y más de 2 millones permanecen directamente bajo agua. La situación deja vastas zonas fuera del circuito agrícola justo cuando se cierra la ventana de siembra de soja y maíz.

Los municipios más golpeados —Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, 25 de Mayo, Lincoln y Carlos Casares— concentran más de un millón de hectáreas anegadas. Carbap advierte que 1,5 millones de hectáreas agrícolas podrían quedar improductivas, lo que derivaría en pérdidas cercanas a los USD 2.000 millones en 2026 para toda la cadena productiva.

El impacto económico se multiplica: contratistas, transportistas, talleres, comercios y pymes rurales sufren caídas abruptas de ingresos, mientras que municipios, provincia y Nación enfrentarán una fuerte baja en la recaudación. “Todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”, sintetizó la entidad rural.

Carbap señala que la inundación expone años de retraso en el Plan Maestro del Río Salado, cuya ejecución aún no llega al 50% pese a que debería estar finalizado hace una década. También cuestiona que, mientras el presupuesto provincial para 2026 prevé un fuerte aumento del impuesto inmobiliario rural, solo se asignan USD 4 millones a las obras hidráulicas.

A nivel nacional, remarcan que la cuenca del Salado genera el 25% de los granos y el 28% del stock bovino del país, y aporta más de USD 1.000 millones anuales en retenciones, pero el Presupuesto 2026 no contempla partidas para la región.

Frente al deterioro creciente y caminos rurales intransitables, Carpab exige responsabilidad a los tres niveles del Estado y plantea una meta concreta: terminar todas las obras del Plan Maestro para 2030, con compromisos verificables y financiamiento garantizado.

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