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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la Causa Vialidad, una de las investigaciones por corrupción más relevantes de las últimas décadas. La resolución, firmada el 18 de noviembre, afecta a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez, a otros condenados y a Máximo y Florencia Kirchner, por considerarse que los activos forman parte del beneficio económico obtenido mediante la maniobra delictiva.
La sentencia de la causa había quedado firme el 10 de junio de 2025, con un monto inicial de decomiso de $84.835 millones, cifra que fue actualizada tras una evaluación realizada por peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.
El decomiso abarca bienes de las constructoras Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, además de propiedades cedidas a los hijos de la ex presidenta. El tribunal también prevé avanzar sobre bienes de exfuncionarios como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, si los activos identificados no alcanzan para cubrir la cifra final.
La Fiscalía detalló los bienes incorporados entre 2003 y 2015, período en el que —según la sentencia firme— se llevó adelante el esquema de direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz que benefició a Báez y a la familia Kirchner.
Las defensas solicitaron rechazar la medida alegando falta de prueba sobre el nexo entre los bienes y el delito, cuestionando además la inclusión de activos previos a la gestión pública y otros ya analizados en causas con sobreseimiento. El tribunal desestimó los planteos y sostuvo que, conforme a normativa nacional e internacional contra la corrupción, el decomiso puede incluir bienes transformados o mezclados con activos lícitos si existe una relación temporal y económica con la maniobra delictiva.
Los bienes serán incorporados a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados, y la Corte Suprema determinará su destino final. La finalidad de la medida, subrayó el tribunal, es reparar el daño ocasionado al Estado y a la sociedad.
La resolución deja abierta la posibilidad de que la Fiscalía incorpore nuevos bienes si, en el proceso de ejecución de la sentencia, se detectan activos adicionales vinculados al hecho ilícito.
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