La Corte define el destino de los bienes decomisados a Cristina Kirchner
El máximo tribunal recibió 122 propiedades incautadas en la causa Vialidad y deberá resolver si las usa para funciones judiciales o las remata
19/11/2025 19:08 — Nacional
La Corte Suprema de Justicia inició el proceso para evaluar el destino de los bienes decomisados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad, entre ellos el empresario Lázaro Báez. Tras la orden del Tribunal Oral Federal 2, las propiedades quedaron bajo la órbita del máximo tribunal, que ahora deberá determinar si serán utilizadas para fines institucionales o subastadas.
El análisis técnico quedó en manos de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, que elaborará un informe sobre el estado, la ubicación y la eventual utilidad de cada uno de los inmuebles. En caso de que el tribunal disponga su uso, podrían destinarse a dependencias judiciales en la Patagonia, depósitos o sedes para el desarrollo de juicios. Si no se les asigna una función específica, pasarán a remate público.
El decomiso forma parte de la condena dictada en diciembre de 2022, ratificada posteriormente, que impuso a la exmandataria seis años de prisión —cumplidos bajo modalidad domiciliaria— e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. La sentencia dispuso neutralizar los beneficios patrimoniales derivados del delito, en línea con los compromisos internacionales del país en materia de recuperación de activos.
En total, son 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos de la maniobra ilícita. El valor original del decomiso, estimado en $84.835 millones, fue actualizado por peritos a $684.990 millones, según criterios técnicos avalados por la Corte.
El tribunal ahora deberá resolver los pasos finales para determinar el destino de los bienes ante el incumplimiento de los condenados y avanzar así en una de las etapas más sensibles del caso: la reparación patrimonial por los daños ocasionados al Estado.