El Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), oficializó la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal. El objetivo central de la normativa es incentivar a los contribuyentes a reingresar divisas al sistema financiero formal, dejando atrás lo que el Ejecutivo define como un "régimen persecutorio" tras décadas de cepo e inflación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la relevancia de la medida al señalar que existen aproximadamente USD 170.000 millones "bajo el colchón" de los argentinos, una cifra que triplica el nivel actual de depósitos en el sector privado. "Si esa masa de capitales vuelve al sistema, los problemas de Argentina se solucionarían", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.
La nueva normativa introduce cambios sustanciales en los límites y plazos de la responsabilidad tributaria:
Umbrales de Evasión: El límite para la evasión simple se eleva a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se establece en $1.000 millones.
Fin de la vía penal: La evasión dejará de ser considerada un delito penal; los contribuyentes notificados podrán regularizar su deuda sin enfrentar causas judiciales.
Prescripción acelerada: El plazo de prescripción se reduce de 5 a 3 años. Quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) quedarán fuera de investigaciones a partir de 2029.
Para acceder al régimen, los contribuyentes no deben ser considerados "Grandes Contribuyentes Nacionales" y deben cumplir con topes de ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio máximo de $10.000 millones.
Uno de los aspectos más innovadores es la Declaración Jurada Simplificada precargada, que contará con una "presunción de veracidad". Si el contribuyente paga en término, ARCA no podrá objetar la información ni analizar incrementos patrimoniales o depósitos bancarios para verificar el régimen.
Además, el Gobierno dispuso un alivio para las Pymes: se eliminan las intimaciones automáticas y se aplicará una reducción del 50% en las multas para quienes regularicen deudas dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.
La adhesión al régimen será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras en materia de prevención de lavado de activos. Asimismo, la normativa ratificó que, si bien se busca la bancarización, las compraventas de inmuebles podrán continuar realizándose en efectivo bajo el marco legal vigente.