La tensión en la provincia de Santa Fe alcanzó un punto crítico este martes tras una madrugada de protestas, incidentes y un "sirenazo" que rodeó la Jefatura de Policía de Rosario y la Casa de Gobierno en la capital provincial. En respuesta, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que al menos 20 efectivos serán separados de la fuerza de forma inmediata por haber abandonado sus puestos de patrullaje.
Si bien el funcionario reconoció que el reclamo salarial es "legítimo y atendible", fue tajante al diferenciar la manifestación pacífica del bloqueo de móviles. "Dejaron a los rosarinos a su suerte para montar una escena violenta. No vamos a permitir que se use la institución policial para minar una política de seguridad que está bajando el delito", sentenció.
Lo que comenzó como una vigilia de familiares y policías de civil derivó en enfrentamientos cuando grupos operativos intentaron desalojar las calles linderas a la Jefatura, en Ovidio Lagos al 5200. La situación escaló con:
Bloqueos: Patrulleros alineados bloqueando los ingresos a la Jefatura.
Sirenazos: Ruido ininterrumpido de sirenas como método de protesta.
Violencia: Forcejeos entre efectivos activos y las fuerzas enviadas a despejar la zona, sumado a la quema de cubiertas.
Según Cococcioni, detrás de la movilización existen grupos con intereses particulares, incluyendo ex policías desplazados por causas de corrupción. El ministro denunció la siembra de fake news para desestabilizar el despliegue preventivo durante la noche del lunes.
"Hay una diferencia entre el que cumple y el que no. Mientras algunos abandonaban el servicio, otros estaban haciendo procedimientos y secuestrando armas de fuego", destacó el titular de la cartera de Seguridad.
Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) aseguran que la situación es "insostenible" y exigen:
Sueldos por encima de la canasta básica: Recomposición salarial real para el haber inicial.
Actualización de la Tarjeta TAP: Mejora en la Tarjeta Alimentaria Policial.
Condiciones laborales: Atención en salud mental y el cese de sanciones administrativas.
Pese a que el Gobierno anunció recientemente un plus mensual y aumentos en horas extras, las bases consideran que las medidas son "insuficientes y discriminatorias". Por el momento, las autoridades admitieron dificultades para garantizar el patrullaje normal en las zonas afectadas, mientras se intenta abrir un canal de diálogo para evitar que la provincia quede desprotegida.