El Concejo Deliberante de Fiambalá aprobó un proyecto de resolución para requerir al Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Raúl Úsqueda, un informe pormenorizado sobre sus recientes viajes oficiales a la República Popular China y a Dubái (Emiratos Árabes Unidos). La medida surge ante la ausencia de expedientes administrativos que acrediten las condiciones de estos desplazamientos, los cuales fueron presentados públicamente como gestiones para atraer inversiones vinculadas al litio.
El conflicto administrativo radica en la diferencia entre los anuncios públicos y el respaldo documental. Si bien el Ejecutivo manifestó mediáticamente que los viajes fueron de "costo cero" para el erario municipal y financiados por organismos externos, el Concejo advirtió que no existe información oficial que sustente tales afirmaciones.
En los fundamentos de la resolución, se destaca que:
La gratuidad no se presume: El carácter de "sin costo" de un viaje oficial debe acreditarse con documentación legal que detalle quién se hizo cargo de pasajes, estadía y viáticos.
Publicidad de los actos: Según la Ley Provincial N° 5336 de Acceso a la Información Pública, los funcionarios deben brindar datos verificables, sin que las declaraciones periodísticas o publicaciones en redes sociales sustituyan dicha obligación legal.
Control republicano: El cuerpo legislativo ejerce funciones de control sobre la administración de los recursos públicos en resguardo del sistema democrático local.
La resolución otorga un plazo de quince (15) días hábiles para que el Intendente remita un informe escrito que detalle:
Objetivos y resultados: Motivos de los viajes y beneficios concretos obtenidos para la comunidad.
Financiamiento: Origen pormenorizado de los fondos utilizados y detalle de gastos.
Agenda: Listado de las personas que integraron la comitiva, reuniones mantenidas y posibles convenios o compromisos suscritos.
El documento subraya que, dado el actual contexto económico y productivo de Fiambalá, resulta indispensable garantizar que toda acción de gobierno produzca beneficios verificables y se rija por criterios de austeridad y racionalidad. La resolución concluye que la falta de información previa y posterior sobre estas misiones configura una omisión institucional que debilita la rendición de cuentas ante la ciudadanía.