En la previa de una jornada clave para el oficialismo, el Gobierno de Javier Milei se mostró desafiante ante la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Voces autorizadas de Balcarce 50 calificaron la movilización como una acción "política" y de "baja intensidad", proyectando que la falta de un paro general de actividades afectará directamente el volumen de la convocatoria.
“No nos importa para nada”, sintetizó una fuente con acceso directo al despacho presidencial, reflejando el clima de confianza que se vive en el entorno libertario tras haber negociado 28 modificaciones en el articulado de la reforma laboral para garantizar su aprobación en la Cámara Alta.
El optimismo oficialista se apoya en las recientes modificaciones anunciadas por la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que atendieron reclamos históricos del sindicalismo para destrabar la ley:
Cuotas Solidarias: Se mantuvo la vigencia de estas cuotas por 2 años, con un tope del 2% salarial.
Obras Sociales: Se eliminó la reducción de contribuciones patronales destinadas al sistema de salud sindical.
Impuesto a las Ganancias: La exclusión de este capítulo del proyecto original terminó de sellar el apoyo de varios gobernadores, restando presión a la movilización.
A pesar de restarle importancia numérica, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, puso en marcha un riguroso operativo bajo la lógica "VTV" (Volumen, Transporte y Violencia). Las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo amanecieron completamente valladas para garantizar la libre circulación y aplicar el protocolo antipiquetes.
Las fuerzas federales trabajan en coordinación con la Policía de la Ciudad para controlar los accesos y desvíos de tránsito. Desde el Ejecutivo vaticinan que la marcha será "pacífica", apoyándose en la idea de que la presencia de sectores de la oposición, a quienes definen como el "tren fantasma", termina por desacreditar la legitimidad del reclamo gremial ante la opinión pública.
Mientras el Gobierno nacional vaticina una marcha menor en Buenos Aires, el impacto de la jornada se siente con fuerza en el interior. En Catamarca, la coincidencia del debate en el Senado con el paro total de transporte de la UTA y la medida de fuerza de los docentes de la UNCA ha generado un miércoles de parálisis administrativa y escolar, reflejando que, más allá de los números en la Plaza del Congreso, el conflicto social mantiene focos de alta intensidad en las provincias.
El cierre de la jornada en el Senado será el termómetro definitivo: si el oficialismo logra la media sanción, habrá consolidado su primera victoria política del año, dejando a la CGT en una posición de debilidad tras haber aceptado las modificaciones que hoy el Gobierno usa como argumento para "bajarle el precio" a la protesta.