En febrero de 2022, la política local montó un escenario para anunciar que la Ley de Zona de Frontera era una prioridad. Hoy, en 2026, ese anuncio es el monumento al cinismo. No solo no se reglamentaron los beneficios jubilatorios e impositivos, sino que la brecha entre el despacho oficial y el vecino de a pie se ha vuelto un abismo. Mientras los políticos locales intentan colgarse medallas por inversiones que llegan exclusivamente gracias al marco nacional del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), la realidad dentro de los yacimientos mineros es alarmante.
El descontento en Tinogasta ya no es solo por los sueldos que no alcanzan. Las denuncias de los vecinos apuntan a un sistema de "manoseo" permanente:
Abusos y desprotección: Resulta desgarrador el silencio oficial ante las denuncias de abusos sufridos por mujeres jóvenes del departamento que trabajan en los yacimientos. El Estado, que debería fiscalizar, parece mirar hacia otro lado.
Rosters inhumanos: La falta de claridad en los diagramas de trabajo (rosters) y las condiciones de vida en los campamentos exponen un régimen de explotación que la política local prefiere no cuestionar para no "molestar" a las operadoras.
Crecimiento personal vs. Comunitario: El vecino ve con bronca cómo los únicos que muestran un crecimiento económico exponencial son aquellos que ocupan cargos públicos, mientras el trabajador minero arriesga su salud en condiciones precarias.
Es fundamental aclarar que el flujo de inversiones que se observa en la región responde a incentivos nacionales como el RIGI, diseñados para dar seguridad jurídica donde los caudillismos locales fallan. No es "gracias a la gestión" de quienes prometieron la Ley de Frontera en 2022; es, más bien, a pesar de ellos. Sin embargo, este esquema de inversión no está siendo acompañado por un control local que proteja lo más preciado: el medio ambiente.
El bajo compromiso con la ecología es quizás la mayor herida abierta en el departamento. Mientras el ciudadano de Tinogasta observa con angustia el manejo del agua y el impacto en sus tierras, la clase política se muestra indiferente.
No existen auditorías ambientales independientes y transparentes.
No hay planes de remediación que incluyan a la comunidad.
La "sustentabilidad" es solo una palabra que usan en la pauta publicitaria pagada con fondos públicos.
La "Comisión de Frontera" de 2022 fue el puntapié inicial de una carrera que nunca se corrió. Hoy, los trabajadores de salud y educación siguen esperando una jubilación digna, mientras el departamento sufre las consecuencias de una minería que deja divisas en Buenos Aires y Catamarca Capital, pero deja deudas sociales y ambientales en el Oeste. El cáncer de la corrupción y la desidia sigue ahí.