En una sesión clave para la agenda de seguridad del Gobierno, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto, que cosechó el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales, obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos, sin registrarse abstenciones.
El texto aprobado propone una reforma profunda al sistema actual (vigente desde 1980), centrando el cambio en la responsabilidad penal desde temprana edad y la protección de las víctimas:
Baja de la edad de imputabilidad: Se establece que los menores podrán ser penalmente responsables a partir de los 14 años.
Escala de penas: Para delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales agravados o secuestros, la pena máxima de prisión será de 15 años.
Medidas alternativas: Para delitos con condenas menores a 10 años, el juez podrá aplicar sanciones como servicios comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico o prohibición de acercamiento.
Establecimientos especializados: Se prohíbe terminantemente la convivencia con presos mayores de edad. Los jóvenes deberán cumplir sus condenas en centros con personal especializado en infancia y educación.
El oficialismo logró alinear a gran parte de la oposición dialoguista. Un punto destacado fue el quiebre en el bloque del Frente Renovador, cuyos diputados se diferenciaron del resto del peronismo para avalar la baja de la edad en la votación particular, argumentando una "postura histórica" del espacio desde 2015.
Desde la mayoría oficialista, la diputada Laura Rodríguez Machado sostuvo que la ley actual deja a los jóvenes "en un limbo" y que el nuevo régimen incorpora estándares internacionales. Por su parte, el diputado Santiago Santurio enfatizó que es una respuesta necesaria para las víctimas y para que los jóvenes "entiendan que tienen que responder por sus actos".
En la vereda opuesta, sectores vinculados a Juan Grabois y el peronismo criticaron la medida, señalando que la solución no es bajar la edad, sino invertir en salud mental, centros deportivos y educación.
Para asegurar el acompañamiento de las provincias, el Gobierno incorporó un artículo específico de financiamiento por un total de $23.739.155.303. Este monto se repartirá entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación para cubrir gastos de infraestructura y equipos multidisciplinarios especializados.
El proyecto ha sido girado al Senado de la Nación. El oficialismo confía en convertirlo en ley antes de la finalización del periodo de sesiones extraordinarias, lo que marcaría un hito en la política criminal juvenil de la Argentina.