Nuevo IPC del INDEC: más peso a los servicios y un índice que reflejará subas más altas

Tras difundir el dato de inflación de diciembre —2,8% mensual y 31,5% en todo 2025— el INDEC se encamina a implementar una reforma clave en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La nueva metodología comenzará a regir con la publicación prevista para el 10 de febrero, incorporando cambios largamente postergados en la estructura del indicador.

El IPC vigente hasta ahora se basa en los patrones de consumo relevados en la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05, una referencia con más de dos décadas de antigüedad. Bajo ese esquema, el índice pondera precios relevados en 39 aglomerados del país y asigna un peso elevado a rubros como alimentos, reflejando hábitos de consumo que hoy están claramente desactualizados.

La nueva medición tomará como base la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, lo que implica una recomposición de ponderadores más alineada con la realidad actual. En los hechos, el cambio le otorgará mayor incidencia a los servicios, particularmente vivienda, transporte, comunicaciones, educación y salud privada, mientras que alimentos, indumentaria y calzado perderán participación relativa dentro de la canasta.

Este ajuste no es menor. Con el nuevo esquema, rubros como “Vivienda, electricidad, gas y otros” pasarán a ocupar un lugar central en la medición, al igual que el transporte, sectores donde las subas suelen ser más persistentes y menos sensibles a políticas de corto plazo. En contrapartida, alimentos y bebidas no alcohólicas reducirán su peso, pese a seguir siendo un componente clave del gasto de los hogares de menores ingresos.

Desde el punto de vista técnico, el cambio también deja al descubierto un dato políticamente incómodo: si esta metodología se hubiese aplicado antes, la inflación medida habría sido más alta. Estimaciones privadas indican que el IPC de 2025 no habría sido 31,5%, sino superior, y que la inflación acumulada desde fines de 2023 también habría mostrado un registro mayor.

Además, el nuevo índice incorporará una división adicional —“Seguros y servicios financieros”—, ampliando a 13 las categorías del IPC, y aumentará de forma significativa la muestra de precios relevados, que pasará de 320.000 a 500.000 registros mensuales. El relevamiento será mayoritariamente digital, con cuestionarios específicos según el tipo de comercio.

Aunque los cambios técnicos estaban listos desde principios de 2025, su implementación quedó demorada por trabas institucionales y decisiones políticas, a pesar de que el Gobierno había anticipado al FMI que la actualización se pondría en marcha hacia fines del año pasado.

Más allá del debate metodológico, el IPC no es un indicador neutro. De su valor dependen ajustes automáticos en tarifas, alquileres, transporte público, jubilaciones, planes sociales, escalas impositivas y hasta el esquema cambiario. En ese contexto, modificar la forma de medir la inflación no solo redefine el termómetro, sino también el impacto real de la política económica sobre ingresos, impuestos y precios regulados.

El nuevo índice promete mayor precisión estadística, pero también expondrá con mayor crudeza el peso de los servicios en el costo de vida, un dato clave en una economía donde el ajuste ya no pasa solo por los bienes, sino por gastos fijos que golpean mes a mes a hogares y empresas.