ARCA denunció a la AFA por facturación apócrifa y operaciones bajo sospecha
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta utilización de facturas apócrifas para justificar egresos millonarios y reducir la carga tributaria. La presentación fue realizada ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y amplía el frente judicial que enfrenta la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el escrito, la AFA habría registrado comprobantes emitidos por al menos quince empresas que, de acuerdo a los informes técnicos del organismo, no contaban con capacidad económica ni operativa real para prestar los servicios facturados. La mayoría de esas operaciones corresponden a los años 2023 y 2024 y están vinculadas a supuestas obras y servicios en el predio de Ezeiza.
ARCA sostiene que los comprobantes presentan descripciones genéricas, sin respaldo técnico ni documentación complementaria que permita acreditar la efectiva prestación de los trabajos. En varios casos, las empresas no registran empleados, bienes ni infraestructura compatible con los montos facturados.
La investigación también analiza el circuito de pagos, donde aparecen cheques endosados a terceros sin relación con la actividad futbolística ni con la construcción, lo que, para el organismo, refuerza la hipótesis de salidas no documentadas.
Además, el informe señala vínculos societarios entre varias de las firmas proveedoras, con repetición de personas físicas como socios en distintas razones sociales, lo que indicaría una estructura orientada a la simulación de operaciones.
La cuantificación provisoria de los ajustes fiscales determinados por ARCA supera los 375 millones de pesos, sin contar intereses ni eventuales multas. El organismo entiende que los elementos reunidos permiten inferir indicios de dolo, por lo que el caso quedó bajo el ámbito del fuero penal económico.
Con esta nueva denuncia, la conducción de la AFA enfrenta un escenario judicial cada vez más complejo, mientras la Justicia deberá definir si las facturas reflejan operaciones reales o si formaron parte de un esquema irregular durante la gestión de Tapia.
