En un fallo que genera una profunda indignación social y que parece confirmar la existencia de una justicia de privilegios, la Cámara Federal de la Seguridad Social dejó hoy sin efecto la resolución de la ANSES que le había quitado la pensión millonaria a Cristina Fernández de Kirchner. Con esta decisión, la ex mandataria —actualmente condenada y cumpliendo prisión domiciliaria— volverá a percibir sumas estratosféricas mientras el argentino promedio se hunde en la pobreza.
La Sala III de la Cámara declaró admisible el recurso de la defensa y suspendió la baja del beneficio que Kirchner percibía por el fallecimiento de Néstor Kirchner. Hasta que el Ministerio de Capital Humano decidió cortarlo hace dos años, la cifra rondaba los 8 millones de pesos mensuales.
Para la defensa, encabezada por Gregorio Dalbón, se trata de un "derecho de naturaleza alimentaria". Sin embargo, para el ciudadano de a pie, resulta un insulto que una persona con el patrimonio de Kirchner y con condenas por corrupción siga succionando recursos del Estado que podrían destinarse a salud, educación o a jubilados que sí trabajaron y hoy pasan hambre.
Casi en paralelo a este revés judicial, la fiscalía dio un paso que expone la magnitud del daño causado al país. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron el decomiso de 141 inmuebles vinculados a la familia Kirchner y a su socio Lázaro Báez.
El detalle de lo que la justicia busca recuperar es escalofriante y da cuenta de dónde terminaron los fondos públicos durante años:
141 inmuebles (incluyendo el departamento de San José donde cumple la domiciliaria).
46 automotores.
Más de 5,6 millones de dólares incautados en cajas de seguridad y ahorros.
Pese al fallo de la Cámara, la batalla no terminó. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para frenar este atropello. El objetivo es claro: impedir que el dinero de los argentinos siga financiando los lujos de quienes saquearon las arcas públicas.
Desde una mirada libertaria y crítica, este fallo es la representación más fiel de un sistema corrupto que se niega a morir. Cambian los nombres, pero los "hilos" del poder judicial siguen protegiendo a la casta política en detrimento del argentino de bien. El camino para extirpar este cáncer institucional será largo, pero la indignación de una sociedad que ya no tolera la impunidad es el primer paso para lograrlo.