Santa María: una excandidata denunció violencia y persecución política contra un dirigente vinculado al poder local
Una excandidata a concejal por la lista de Hugo Ávila en las últimas elecciones municipales de Santa María denunció penalmente a Milton Villafañe Fuentes por presuntos hechos de violencia, hostigamiento y persecución política. El acusado es pareja de la intendenta Érica Inga y tendría influencia directa dentro de la actual gestión municipal.
Según consta en la denuncia, el episodio principal ocurrió el 31 de enero por la noche en el ingreso al Anfiteatro Municipal, durante el Festival del Yokavil. La mujer se encontraba con su familia cuando se cruzó con Villafañe Fuentes, quien habría iniciado una agresión verbal, gritándole “sinvergüenza” y “ladrón”, y simulando una situación de alarma al gritar “policía, policía” con las manos en alto.
El conflicto escaló al día siguiente, cuando la denunciante amplió su presentación y relató que el acusado la tomó fuertemente del brazo para que dejara de señalarlo, provocándole un hematoma visible. También aseguró que, al retirarse del predio, volvió a ser objeto de insultos y burlas.
Trasfondo político y laboral
La denunciante vinculó los hechos con un contexto de persecución política. Aseguró que trabajó durante más de diez años como adscripta en una institución educativa y que fue despedida el 29 de diciembre por una notificación de Recursos Humanos, bajo el argumento de la Ley de Emergencia Económica. Según su testimonio, fue la única persona desvinculada de ese establecimiento.
“Me animé a denunciar y a participar en política. Estas son las consecuencias”, expresó. También advirtió que existen otros casos de mujeres que no se animan a denunciar situaciones similares por temor a represalias.
Ante su despido, la mujer presentó un recurso de amparo ante la Corte, patrocinada por los abogados Fernando Mas Saadi, Elías Jalil y Federico Díaz Guzmán.
Un poder sin límites y sin control
El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso del poder político en municipios donde la línea entre lo institucional y lo personal se vuelve peligrosamente difusa. Cuando quienes rodean al Ejecutivo local aparecen señalados por violencia y hostigamiento, y las víctimas denuncian represalias laborales, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural.
La ley existe, los canales de denuncia también. Lo que muchas veces falta es un Estado que garantice que nadie sea perseguido por pensar distinto, participar en política o atreverse a hablar. Sin independencia real del poder y sin límites claros al uso del aparato público, la democracia municipal se convierte en un decorado vacío.
