Kicillof, bajo la lupa: la dueña de la casa del triple crimen narco es una dirigente de SUTEBA cercana al gobernador

El caso del triple crimen narco de Florencio Varela sigue sumando ramificaciones políticas. En las últimas horas se conoció que la vivienda donde fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez pertenece a Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA y referente sindical vinculada al kirchnerismo.

Almazán, considerada la mano derecha de Roberto Baradel, tiene una extensa trayectoria en el gremio docente bonaerense y mantiene una estrecha relación con el gobernador Axel Kicillof, con quien se la ha visto en múltiples actos y encuentros públicos.

Según reveló el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la propiedad donde se perpetró el triple crimen —ubicada en Chañar 702, barrio Villa Vatteone— figura a nombre de Almazán. La dirigente fue secretaria de Cultura y Educación del sindicato, y también directora del Instituto para el Desarrollo Económico y Social Stella Maldonado, dependiente de la CTA.

La noticia encendió las alarmas en el entorno político bonaerense, ya que una referente cercana al gobernador aparece vinculada a un inmueble asociado a un crimen de características narco, lo que plantea interrogantes sobre los alcances de las conexiones sociales y políticas en la provincia.

Una investigación que se ramifica

El expediente judicial sigue abierto y faltan detener al menos tres sospechosos. Entre ellos se encuentra Diego, de nacionalidad peruana, señalado como pareja de Milagros Florencia Benítez, ya detenida en el marco de la causa.

Benítez habría viajado en un Volkswagen Fox blanco conducido por su tío, Lázaro Víctor Sotacuro, otro de los prófugos. Este vehículo habría servido como apoyo logístico durante los asesinatos.

Los investigadores también detectaron la posible participación de “dos o tres autos más”, además del Fox y una camioneta Tracker, lo que amplía la red de implicados y complica la trama del caso.

Impacto político

Mientras la justicia avanza con la reconstrucción de los hechos, el caso se instaló en el centro del debate público. La cercanía de la dueña del inmueble con el gobernador Kicillof agrega una dimensión política inesperada a una investigación ya cargada de tensión social y mediática.

La semana próxima podría ser determinante: se esperan nuevas detenciones y la declaración de testigos que podrían aportar claridad sobre cómo y por qué se produjo uno de los crímenes más brutales y enigmáticos del año en el conurbano bonaerense.