El diputado provincial Fernando Baigorrí (MID) se sumó a las críticas contra la creación de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica impulsada por el Gobierno catamarqueño, pero fue más allá al vincular directamente la caída de la natalidad con la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que “se pierden diariamente vidas de catamarqueños por la Ley de IVE” y cuestionó a los representantes nacionales por no pronunciarse sobre el tema. De ese modo, volvió a poner en el centro del debate la ley de aborto legal sancionada durante la presidencia de Alberto Fernández y rechazada por sectores libertarios y conservadores.
Las declaraciones de Baigorrí se enmarcan en una serie de cuestionamientos opositores a la comisión creada por decreto, cuyo objetivo es proponer políticas para fomentar la natalidad en la provincia. La iniciativa oficial se apoya en un informe del Consejo Federal de Inversiones que proyecta una fuerte caída en la tasa de nacimientos: de 9,52 por mil habitantes en la actualidad a 6,45 por mil para el año 2044.
En tono crítico, el diputado citó una frase atribuida a Juan Domingo Perón —“cuando quieran que algo no prospere, créase una comisión”— y advirtió que sin empleo y salarios dignos “la situación demográfica no va a cambiar”. En ese punto coincidió con otros legisladores opositores que señalaron que el problema no es solo poblacional, sino también económico y social.
Previamente, la diputada Natalia Herrera (Generación del Cambio) había cuestionado al Gobierno por no garantizar una salud pública de calidad ni políticas de empleo genuino. En la misma línea, Javier Galán (MID) sostuvo que “nadie puede pensar en traer hijos al mundo sin trabajo, sin seguridad y sin un Estado que contenga”.
Desde La Libertad Avanza, la diputada Ana Lía Aguaisol consideró “contradictoria” la creación de la comisión si proviene de un gobierno que —según dijo— “defiende políticas abortistas”.
La comisión, según el decreto oficial, deberá conformarse en un plazo de 30 días y presentar un informe diagnóstico con propuestas en seis meses. Funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia e incluirá a representantes de los tres poderes del Estado, universidades, sindicatos, cámaras empresarias y organizaciones sociales.
El documento fundacional reconoce que la baja natalidad responde a múltiples factores sociales, económicos, culturales y sanitarios, y que requiere “respuestas integrales y enfoques multidisciplinarios”, con participación central de las mujeres desde una perspectiva de derechos.