LLA busca bajar la edad de imputabilidad, pero aliados advierten por falta de consenso y recursos

El Gobierno nacional confirmó que en el temario de las sesiones extraordinarias estará el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, apunta a fijarla en 13 años, aunque dentro del propio oficialismo admiten que, si no hay consenso, podría elevarse a 14.

La definición se tomó tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde el ala más dura libertaria volvió a insistir con una baja drástica de la edad. Sin embargo, en los bloques aliados y dialoguistas surgieron fuertes advertencias antes del debate parlamentario.

Desde el PRO señalaron que están de acuerdo con discutir el régimen penal juvenil, pero cuestionaron el umbral propuesto por el Gobierno. “Creemos que la edad mínima debe ser 14 años y no 13. A los 13 no hay plena conciencia de la criminalidad del acto”, expresaron. Además, remarcaron que cada año que se baja la edad implica mayores exigencias de infraestructura.

En ese sentido, advirtieron que el Estado ya tiene serias dificultades para alojar y tratar a los menores que hoy están dentro del sistema. “Bajar la edad a 13 duplicaría la población de internos de un día para el otro. La Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”, señalaron desde ese espacio.

Otros bloques dialoguistas coincidieron en que, si no se asignan fondos específicos, la norma quedará en letra muerta apenas se sancione. “Sin recursos, en vez de resolver un problema se va a generar una nueva crisis en un sistema que ya está al límite”, indicaron.

Incluso desde un espacio que suele acompañar al oficialismo recordaron que el año pasado firmaron un dictamen con una versión distinta. “Salió con 14 años y muy diferente a lo que ahora plantea el Gobierno. Por más que hoy tengan más legisladores, este tema va a volver a ser debatido”, anticiparon.

En La Libertad Avanza todavía no definieron con precisión cómo se concretará la reforma. Según fuentes del espacio, lo más probable es que impulsen el mismo proyecto enviado el año pasado, aunque ahora buscan que salga con menos cambios respecto de la versión original del Ejecutivo.

También se evalúa discutir solo el artículo que baja la edad de imputabilidad y evitar un debate más amplio sobre el sistema penal juvenil. Por ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, analiza convocar a los secretarios parlamentarios para acelerar la conformación de las comisiones que tratarán la iniciativa.

Mientras el Gobierno apuesta a una señal política dura en materia de seguridad, los aliados ponen sobre la mesa dos puntos sensibles: la edad mínima y la falta de infraestructura y presupuesto. El debate expone, una vez más, la tensión entre el discurso punitivo del oficialismo y la viabilidad real de aplicar la ley sin agravar un sistema ya saturado.