El miedo que no espera: cuando la Justicia llega tarde

“Si él sale, me va a matar”. La frase no es un título sensacionalista. Es el grito desesperado de una madre que hoy vive con miedo junto a sus tres hijos, luego de denunciar que su pareja habría abusado sexualmente de su hija durante más de un año. En Tinogasta, una vez más, la Justicia quedó bajo la lupa.

La mujer relató que los abusos habrían ocurrido cuando ella salía a trabajar y el hombre quedaba a cargo de los chicos. La niña, con apenas 10 años al inicio de los hechos, habría sido sometida en reiteradas oportunidades y bajo amenazas. Recién el 24 de enero de 2026, la menor logró pedir ayuda directamente a la Policía.

Desde entonces, la familia vive en una situación extrema: sin luz, con amenazas de allegados del acusado, sin posibilidad de mudarse ni de trabajar. La madre no puede dejar solos a sus hijos. No tiene a dónde ir. Y teme que, si el imputado recupera la libertad, el desenlace sea trágico.

El fiscal Germán Quinteros pidió la audiencia de control de detención y adelantó que solicitará que el acusado continúe privado de la libertad. Está imputado por abuso sexual simple doblemente calificado, en un contexto de convivencia y guarda, contra una menor de edad. La causa describe hechos reiterados, amenazas y un cuadro de vulnerabilidad sostenido en el tiempo.

Pero la sociedad se pregunta algo más profundo que la tipificación legal:
 ¿Por qué siempre se actúa cuando ya es tarde?
 ¿Por qué las víctimas deben llegar al límite para que el sistema se mueva?
 ¿Cuántas señales se ignoran antes de que haya consecuencias irreversibles?

Tinogasta ya conoce demasiado bien el costo de la inacción. El nombre de Natali sigue siendo una herida abierta. Y hoy, otra madre vuelve a decir que tiene miedo de morir si la Justicia no actúa a tiempo.

No se trata solo de un expediente. Se trata de vidas concretas. De una niña que habló. De una madre que denunció. De una familia que hoy está sola frente a un sistema que suele reaccionar tarde y sin protección real.

La pregunta ya no es solo qué pena le corresponde al acusado.
La pregunta es:
 ¿Quién se hace responsable cuando el Estado no llega a tiempo?
 ¿Qué funcionarios pagan el costo por no haber prevenido?
 ¿Qué mecanismos fallan para que estos casos sigan repitiéndose?

Porque cuando la Justicia se demora, el miedo avanza.
Y cuando el miedo gana, las víctimas quedan expuestas.

En Tinogasta, hoy, la Justicia no tiene margen para volver a llegar tarde.