Nueve años de prisión: Guaraz, cada vez más cerca de cumplir su condena por abuso sexual
La causa contra Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta (departamento Santa Rosa), entra en su etapa final. La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió no conceder el recurso extraordinario federal presentado por su defensa, lo que deja prácticamente firme la condena a nueve años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual con acceso carnal.
Con esta decisión, la Justicia provincial considera agotadas las instancias ordinarias y habilita el camino para que Guaraz sea detenido y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán. Solo resta la posibilidad de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque sin efecto suspensivo automático.
La condena fue dictada en septiembre de 2024 por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación, integrada por los jueces Fernando Esteban, Silvio Martoccia y Miguel Lozano Gilyam, quienes lo hallaron culpable por unanimidad. Un año después, la Sala Penal del máximo tribunal provincial confirmó el fallo.
Desde la defensa se intentó cuestionar la sentencia alegando que se apoyó en una “aplicación absoluta de la perspectiva de género” y en “fórmulas dogmáticas”, sin un análisis suficiente de la prueba de descargo. También se sostuvo que se habría incurrido en un sesgo por el rol institucional del acusado como intendente. Sin embargo, la Corte provincial consideró que esos planteos no configuraban un agravio federal concreto ni demostraban arbitrariedad, sino una mera discrepancia con la valoración de los jueces.
En los fundamentos de la condena se destacó la existencia de una marcada asimetría de poder entre Guaraz y la víctima, no solo por la diferencia de edad y la fuerza física, sino también por su posición política. Los magistrados remarcaron que una relación previa no exime de responsabilidad cuando existe una negativa clara al acto sexual.
El caso vuelve a poner en el centro del debate un problema estructural: durante años, funcionarios con poder político, religioso o institucional en el interior provincial lograron sostener su libertad hasta que las sentencias quedaron firmes. Guaraz, al igual que otros condenados por delitos contra la integridad sexual, permaneció en libertad durante todo el proceso, pese a la gravedad de los hechos.
La Justicia avanza ahora en una etapa clave: hacer efectiva la pena. La inminente detención de Guaraz marca un límite que durante demasiado tiempo pareció difuso para quienes ocuparon cargos de poder. La señal institucional es clara: el peso político no debe ser un escudo frente a la ley. En un Estado de Derecho, la igualdad ante la Justicia no es un eslogan, es una obligación.
