El Gobierno denunció a Rodolfo Aguiar por “amenazas al orden democrático”

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), acusándolo de incurrir en una amenaza pública contra el orden constitucional. La presentación fue realizada ante la justicia federal por el Ministerio de Seguridad, bajo instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich, y firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos.

El eje de la acusación recae en declaraciones que Aguiar realizó en el marco del inminente debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. En una entrevista, el dirigente expresó:
“Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno.”
Según el Gobierno, la frase constituye una manifestación explícita orientada a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente Javier Milei.

El Ministerio de Seguridad argumentó que tales expresiones podrían encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas destinadas a atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. “Es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, publicó Bullrich en sus redes, mensaje que luego fue replicado por el presidente Milei.

El escrito oficial remarcó la amplia difusión de las declaraciones, replicadas en redes sociales y medios de comunicación, y destacó la gravedad institucional de que provengan de un representante sindical de los trabajadores estatales. Para el Ministerio, la naturaleza pública de los dichos refuerza su carácter de amenaza “idónea” para afectar el normal funcionamiento institucional.

En la presentación judicial, Soto sostuvo que Aguiar estaría “instando deliberadamente a poner en crisis al Gobierno”, lo que implicaría obstaculizar el ejercicio legítimo de sus facultades constitucionales, entre ellas la presentación de proyectos de ley ante el Congreso.

El Gobierno pidió a la Justicia Federal abrir un sumario penal para investigar el posible delito de amenaza pública contra las autoridades nacionales. La denuncia se formula en un contexto de fuerte tensión política y sindical derivado del proyecto de reforma laboral y de la reacción de diversos gremios.

La causa abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites entre la protesta sindical, la libertad de expresión y la protección del orden democrático. Ahora será la Justicia quien deberá determinar si las palabras del titular de ATE constituyen una infracción penal o se inscriben en el terreno del discurso político y gremial.