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La causa que investiga supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa un punto decisivo. Este miércoles deberá presentarse a declaración indagatoria Diego Spagnuolo, quien encabezó el organismo entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y está señalado como una de las piezas centrales de un presunto sistema de coimas, direccionamiento de compras y participación de operadores externos.
El expediente, en manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ya reúne audios, chats, fotografías y movimientos bancarios que involucran a exfuncionarios y actores privados vinculados al negocio farmacéutico. La declaración de Spagnuolo —o su decisión de guardar silencio— podría definir la velocidad y el rumbo de la investigación.
Ayer, el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los lobistas que habría influido sobre las contrataciones del organismo, se negó a declarar. Su silencio incrementó la expectativa sobre lo que hará hoy el exdirector de la ANDIS.
Un entramado de contratos y favores
De acuerdo con la fiscalía, durante el período investigado se habrían direccionado contratos por cerca de $40.000 millones hacia cuatro droguerías: Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta. El patrón coincide con la llegada de Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, a la conducción del organismo.
La investigación también detectó que personas ajenas a la estructura estatal tenían claves de acceso al sistema de contrataciones. Entre ellas figura Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, cuya intervención es considerada irregular y una pieza clave para reconstruir el flujo interno de decisiones.
La causa incorpora además el rol de Calvete y Pablo Achavajian, dos supuestos operadores que, según conversaciones recuperadas, influían directamente en qué proveedores debían ser favorecidos, sancionados o priorizados en los pagos. Para la fiscalía, se trataba de una red coordinada que manejaba de punta a punta el circuito de compras de la ANDIS.
Una declaración que puede cambiar el caso
Spagnuolo deberá responder —si decide hablar— sobre el uso de claves del sistema, el circuito de adquisiciones, la participación de operadores externos, la asignación de contratos y los vínculos con los empresarios involucrados. También deberá explicar las imágenes del dinero secuestrado, incorporadas como evidencia.
Si opta por el silencio, su posición será leída como parte de una estrategia defensiva frente a un cuadro judicial que, según fuentes del caso, se vuelve cada vez más comprometedor.
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