Espionaje ilegal: el kirchnerismo habría investigado a Javier Milei cuando aún no era político
Una revelación periodística volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del aparato estatal durante el kirchnerismo. Según expuso el periodista Nicolás Wiñazki en A24, Javier Milei fue objeto de tareas de espionaje ilegal en 2020, cuando todavía no había iniciado formalmente su carrera política.
De acuerdo con la investigación, distintas fuerzas federales accedieron sin orden judicial a información privada del entonces economista, en una práctica que la ley argentina prohíbe de forma expresa. Los accesos habrían comenzado al menos en enero de ese año, en pleno gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando Milei empezaba a ganar visibilidad mediática.
La base de datos filtrada muestra consultas reiteradas sobre datos personales del actual presidente: cuentas bancarias, propiedades, teléfonos y otros registros sensibles. Entre los organismos involucrados figuran la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, lo que refuerza la sospecha de que se utilizaron estructuras del Estado para fines políticos.
Uno de los nombres que aparece en el listado es el de Ariel Zanchetta, exagente de la AFI vinculado al kirchnerismo, hoy procesado en causas por espionaje ilegal. Zanchetta ya fue señalado como parte de un entramado de inteligencia paralela que habría operado sobre jueces, periodistas y dirigentes opositores.
Desde una mirada liberal, el caso expone uno de los vicios más graves del poder: el uso del Estado para vigilar, intimidar y controlar a quienes piensan distinto. Espiar a un ciudadano —que en ese momento no ocupaba ningún cargo público— es una violación directa de las libertades individuales y del principio republicano básico de que el poder tiene límites.
La denuncia también reaviva el debate sobre el rol de los organismos de inteligencia durante los gobiernos kirchneristas, acusados en reiteradas ocasiones de armar “carpetazos”, perseguir adversarios y operar fuera del marco legal.
Más allá del impacto político, el dato central es institucional: cuando el Estado se transforma en un instrumento de vigilancia interna, deja de proteger a los ciudadanos y pasa a tratarlos como sospechosos. El caso Milei no sería una excepción, sino otro capítulo de una lógica de poder que concibe la inteligencia como herramienta de control y no como servicio a la seguridad nacional.
La gravedad de la denuncia obliga a que la Justicia investigue a fondo. No se trata solo del pasado de un presidente, sino del respeto —o la falta de él— a las libertades básicas en la Argentina reciente.
