El ingeniero Eric Aníbal Alejandro Quiroga brindó una explicación clara sobre cómo se lleva adelante el proceso de solicitud de una mina en la Argentina, de acuerdo con lo que establece el Código de Minería. Se trata de un procedimiento técnico y legal que comienza con la identificación del recurso y culmina con la obtención de una resolución que otorga derechos y obligaciones al titular.
Según detalló el profesional, todo se inicia cuando una persona interesada detecta un criadero, una veta mineralizada o un mineral que desea denunciar. En ese momento se levanta una muestra y se marca el punto exacto de extracción. El hallazgo puede ser fortuito durante una exploración o a partir del conocimiento de pobladores de la zona.
A partir de allí, es fundamental determinar la categoría del mineral, ya que el Código de Minería distingue tres tipos de minas. Las de primera categoría son de propiedad estatal: el suelo es accesorio y pertenecen exclusivamente al Estado, por lo que solo pueden explotarse mediante concesión legal. En este grupo se incluyen metales como oro, plata, litio y cobre, además de cuarzo, azufre y piedras preciosas.
La segunda categoría corresponde a las minas de aprovechamiento preferencial o común. Estas se conceden prioritariamente al dueño del suelo o se destinan al uso común, e incluyen metales no comprendidos en la primera categoría y sustancias como grafito, caolín, bentonita y sales alcalinas.
En tanto, la tercera categoría agrupa a las minas que pertenecen al propietario del terreno. Nadie puede explotarlas sin su consentimiento, salvo por razones de utilidad pública. Aquí se encuentran las canteras de materiales de construcción u ornamentales, tanto privadas como fiscales.
Definida la categoría, el solicitante debe presentar una nota ante el organismo competente. Esa presentación debe contener la identificación del peticionante y el nombre asignado a la mina; la ubicación exacta del yacimiento y el mineral solicitado con el punto de extracción de la muestra; y la superficie pedida en hectáreas. El arancel se calcula por “pertenencias”, siendo cada una equivalente a 100 hectáreas.
Además, se debe adjuntar la muestra para su análisis químico y un plano con las coordenadas de cada vértice del área solicitada. Las muestras se envían a laboratorio para verificar el tipo de mineral, mientras que el croquis pasa a catastro minero, donde se controla si la zona está libre. Si no existen superposiciones, se grafica el área y se informa la viabilidad de la concesión.
Finalmente, explicó Quiroga, al beneficiario se le otorga una resolución que fija los requisitos y pasos obligatorios para conservar la titularidad del derecho minero. Se trata, en definitiva, de un procedimiento técnico y administrativo que busca ordenar la actividad y dar seguridad jurídica tanto al Estado como a quienes invierten en el sector.