La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec abrió un frente inesperado para el Gobierno de Javier Milei. La decisión, tomada tras semanas de diferencias internas sobre la metodología de medición del IPC, dejó expuesta una disputa sensible: la confianza en los números oficiales en un contexto donde la microeconomía —el bolsillo cotidiano— se volvió el eje central del debate público.
Lavagna se fue sin estridencias. Habló con el Presidente el domingo y presentó su renuncia al día siguiente. Desde su entorno señalaron que pidió “descansar” y cerrar una etapa. En el Gobierno, en cambio, se impuso la tesis de una “emboscada política”, aunque sin pruebas concretas. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de explicar la postura oficial: el Ejecutivo decidió no modificar la metodología del IPC para evitar un impacto inflacionario que complique el plan económico.
La salida dejó un efecto inmediato: todas las cifras del Indec quedaron bajo sospecha para la oposición y los sindicatos. Ya hubo denuncias judiciales y proyectos en el Congreso para otorgarle autarquía al organismo. En paralelo, creció la conflictividad social: esta semana el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto ferroviario, mientras los gremios cuestionan los datos de inflación para sostener reclamos salariales.
Con la credibilidad estadística en debate, el foco político se trasladó rápidamente al Congreso. La Casa Rosada se juega una carta clave: lograr la media sanción de la reforma laboral. Allí no se discuten sólo normas laborales, sino recursos. Gobernadores y senadores aliados presionan para que no se toque el capítulo fiscal que impacta en la coparticipación. El “deadline” para definir cambios es este lunes, con Patricia Bullrich como nexo central.
El Gobierno ya activó una estrategia de contención política con transferencias focalizadas a provincias, especialmente a cajas previsionales, en un contexto donde las transferencias no automáticas cayeron más de 65% interanual en términos reales. Aun así, varios mandatarios sostienen su respaldo a Milei, incluso bajo un esquema de fuerte ajuste.
En el plano sindical, la CGT muestra debilidad parlamentaria. No logró articular una estrategia común y apenas impulsa una movilización. El paro general quedó, por ahora, en suspenso. En Diputados, el peronismo planea un dictamen de minoría, pero sin un plan alternativo sólido.
Mientras tanto, el Presidente enfrenta su verdadero desafío: pasar del éxito macro —orden fiscal e inflación en baja— a una mejora tangible en la vida cotidiana. El crédito, la obra pública con fondos privados y la reactivación del empleo aparecen como las apuestas centrales.
En paralelo, la oposición sigue reorganizándose. En Buenos Aires, Axel Kicillof asumirá la presidencia del PJ provincial tras un acuerdo con Máximo Kirchner. El entendimiento busca cerrar la interna y proyectar una estrategia unificada hacia 2027, aunque persisten tensiones distritales.
En síntesis, Milei atraviesa una semana bisagra: credibilidad estadística en discusión, reforma laboral en juego y un escenario social que empieza a moverse. La macro ya no alcanza. Ahora el Gobierno necesita mostrar resultados en la micro. Ahí se juega, de verdad, su capital político.