El Gobierno nacional formalizó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias y activó el tablero político en el Congreso. A través del decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, se estableció que el período de trabajo legislativo se extenderá del 10 al 30 de diciembre, con una agenda cargada de proyectos clave para el oficialismo.
El temario incluye el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la Modernización Laboral, la reforma del Código Penal y los cambios a la Ley de Glaciares, además del recientemente incorporado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
En Diputados, Martín Menem acelera la conformación de comisiones para garantizar un tratamiento ordenado. Una de las piezas clave será Presupuesto y Hacienda, que seguirá bajo la conducción del libertario Bertie Benegas Lynch. La Casa Rosada espera lograr un dictamen rápido para debatir el Presupuesto a mediados de diciembre.
El borrador del proyecto estima un crecimiento de 4,5% del PBI en 2026, una inflación anual de entre 7% y 12%, un superávit primario del 2,2% del PBI y un tipo de cambio de $1423. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa la ronda de negociaciones con gobernadores aliados y dialoguistas para asegurar los votos.
La Ley de Inocencia Fiscal, ya en discusión, apunta a garantizar protección a los ahorristas para el uso de fondos sin necesidad de justificar su origen. El Gobierno busca blindar la medida frente a futuros cambios políticos.
Por su parte, la Modernización Laboral será una de las discusiones más sensibles. La reforma —cuyo texto aún no fue difundido oficialmente— contempla cambios en vacaciones, indemnizaciones, modalidades contractuales, despidos y jornadas laborales. Patricia Bullrich adelantó que el proyecto ingresará por el Senado.
En la Cámara Alta, el oficialismo reorganiza fuerzas mientras toma forma una agenda que tendrá dos focos principales.
La reforma del Código Penal plantea un endurecimiento de penas, la incorporación de figuras vinculadas a delitos contemporáneos y una elevación de los mínimos para restringir excarcelaciones. También vuelve imprescriptibles determinados crímenes y establece que las condenas comiencen a cumplirse tras el rechazo del recurso extraordinario.
La modificación de la Ley de Glaciares responde a pedidos de gobernadores, especialmente de provincias mineras, que buscan flexibilizar restricciones en zonas periglaciares para habilitar nuevas inversiones. Será uno de los debates ambientales más controversiales del período.
La nueva composición legislativa, surgida de las elecciones del 26 de octubre, obliga al oficialismo a construir acuerdos caso por caso. La Libertad Avanza quedó como primera minoría con 95 diputados, seguida muy de cerca por Unión por la Patria, con 93. Provincias Unidas y el interbloque PRO-UCR-MID cuentan con 22 cada uno, posicionándose como árbitros de las votaciones.
El Gobierno definió un esquema de liderazgo legislativo para enfrentar diciembre:
Martín Menem, en Diputados;
Diego Santilli, en el vínculo con los gobernadores;
Patricia Bullrich, al frente del bloque libertario en el Senado.
Las provincias gobernadas por mandatarios dialoguistas —Catamarca, Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán, entre otras— serán determinantes para el avance del oficialismo.
Con un temario ambicioso y negociaciones abiertas en todos los frentes, el Congreso se encamina a un cierre de año intenso, donde cada voto será decisivo y donde el Gobierno buscará consolidar su agenda económica y judicial antes del inicio del 2026.