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El Senado acelera el tratamiento del Presupuesto 2026 en medio de tensiones por el equilibrio fiscal

El oficialismo buscará dictamen este viernes para llevar el proyecto al recinto la próxima semana, mientras define si corrige en la Cámara Alta los cambios introducidos por Diputados o traslada el costo político a un eventual veto presidencial.
19/12/2025 08:22 | Nacional
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El Senado afronta este viernes una jornada decisiva para la agenda económica del Gobierno. Con un calendario ajustado y negociaciones abiertas, el oficialismo intentará emitir dictamen del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario, dos iniciativas que ya cuentan con media sanción de Diputados y que la Casa Rosada considera centrales para ordenar las cuentas públicas y sostener su programa económico.

La actividad comenzará a las 9 en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde La Libertad Avanza buscará avanzar con el dictamen del proyecto de “Inocencia Fiscal”. Una hora más tarde, a las 10, se reunirá la comisión de Presupuesto y Hacienda con el objetivo de destrabar el dictamen del Presupuesto, con la mira puesta en una sesión en el recinto prevista para la semana próxima.

El Gobierno llega al Senado con un escenario menos favorable que en la Cámara Baja. Si bien logró aprobar los proyectos en Diputados, el trámite dejó al descubierto la fragilidad de los acuerdos con bloques aliados y gobernadores, especialmente cuando se discutieron los artículos más sensibles del Presupuesto. En particular, el texto girado a la Cámara Alta no incluye la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos normas que el Ejecutivo considera incompatibles con la meta de déficit cero.

Ese punto es el principal foco de tensión. Para el oficialismo, el Presupuesto aprobado parcialmente en Diputados no refleja de manera fiel la hoja de ruta fiscal que impulsa Javier Milei desde el inicio de su gestión. En el Senado, el desafío será definir si se convalida ese texto sin cambios —dejando en manos del Presidente la decisión de vetarlo total o parcialmente— o si se intenta reintroducir los artículos rechazados, aun a riesgo de que el proyecto deba volver a Diputados y se prolongue el trámite legislativo.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Ezequiel Atauche, recibirá a funcionarios del equipo económico para defender el proyecto. Expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto a autoridades de las áreas de Ingresos Públicos, Coordinación Fiscal Provincial y Presupuesto. En el Congreso admiten que, al menos en esta instancia, el dictamen respetaría el texto aprobado en Diputados, aunque en el Ejecutivo no descartan introducir cambios en el Senado si logran construir una mayoría.

Entre las opciones que analiza la mesa política libertaria aparece la posibilidad de reincorporar no solo las derogaciones vinculadas a universidades y discapacidad, sino también otros puntos que quedaron fuera, como cuestiones relacionadas con deudas energéticas, zonas frías y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, persisten dudas jurídicas sobre la viabilidad de esa maniobra en esta etapa del trámite parlamentario.

Si el Senado aprueba el Presupuesto tal como está, el proyecto se convertirá en ley y el Gobierno deberá aplicar un esquema que, según su diagnóstico, consolida gastos sin financiamiento claro. En el oficialismo advierten que ese escenario tensiona el compromiso de equilibrio fiscal y refuerza la alternativa del veto como herramienta política.

Inocencia fiscal, el otro eje del debate
Antes de la discusión presupuestaria, el oficialismo intentará avanzar con la reforma del Régimen Penal Tributario. El proyecto eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión y modifica los criterios de fiscalización. El umbral para la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión calificada se fija en $1.000 millones. Además, se crea un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas con patrimonios de hasta $10.000 millones, que limita la investigación estatal dentro de ese rango.

Desde el Gobierno, la iniciativa es defendida como una herramienta para reducir la presión punitiva del sistema tributario, incentivar la formalización de ahorros y avanzar en la remonetización de la economía. La oposición, en cambio, cuestiona que el esquema relaje los controles y debilite la capacidad fiscal del Estado.

Con un Senado más fragmentado y márgenes políticos más estrechos, el oficialismo enfrenta una semana clave: definir si prioriza la velocidad legislativa o si asume el costo de profundizar la confrontación para sostener su programa de ajuste y disciplina fiscal.

Temas: #Politica

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